Seguimos en la primera división de la Economía

Algo estará haciendo bien Zapatero, y por consiguiente el Gobierno de España, cuando dos de las más prestigiosas agencias de calificación internacional mantienen la “triple A” para nuestro país. Para los neófitos en estas cuestiones, conceder a un país la “triple A” es como otorgar las tres estrellas de la prestigiosa Guía Michelin a un restaurante. Con esta clasificación se pretende decir que España es un Estado de fiar para los inversores y que la política económica del Ejecutivo resulta cuando menos “creíble” para los calificadores internacional.

¿Y cuál ha podido ser la razón para esta magnífica clasificación? Quizá, entre otras muchas, se deba a que España es uno de los países con menor deuda pública de la zona euro (20 puntos por debajo de la medias), por más que algunos se empeñen en decir lo contrario.

Pero veamos. Para poner al día a nuestros lectores hay que señalar que existen varias agencias internacionales de clasificación de riesgo. Las tres más importantes son: Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s (S&P). Lo que estas agencias clasifican es la probabilidad de pago de la deuda de los distintos países, siendo la máxima calificación la famosa “triple A”.

De las tres, Moody’s concede a España la “triple A” con perspectiva estable y añade  que no prevé rebajar en un futuro próximo el rating de la deuda pública de los países con la máxima nota crediticia, entre los que se encuentra España, junto a Alemania, Francia, Reino Unido y EE.UU.

La página publicada el pasado mes de septiembre por la agencia internacional Moody’s referida a la calificación de España, hacía referencia a cuatro parámetros muy concretos: Fortaleza de la Economía: muy alta; Fortaleza Institucional: muy alta fortaleza de las Cuentas Públicas: muy alta, y Susceptibilidad ante el Riesgo: muy bajo.

La segunda agencia que otorga la “triple A” a España es Fitch y se vale de similares parámetros para otorgar la calificación.

Por su parte Standard and Poor’s concede a nuestro país la “AA+”. ¿Y qué es la “AA+”?, se preguntarán ustedes. Pues a diferencia de la “triple A” sería como quedarnos con un “sobresaliente”, en lugar de obtener la “matrícula de honor”.

En su comunicado del pasado miércoles 9 de diciembre, S&P no rebaja su calificación a España, aunque sí la pone en el “rating en perspectiva negativa”. ¿Y esto que significa?, pues sencillamente que la agencia advierte del riesgo de una bajada de la calificación, en el horizonte de dos años. Esta es la segunda vez consecutiva (la primera ya fue en enero de este año) en la que Standard and Poor’s se desvincula del resto de agencias de calificación que siguen otorgando la máxima calidad a las emisiones de Deuda del Tesoro español.

Aún así, España sigue teniendo máxima fiabilidad en los mercados al poseer la máxima calificación de calidad crediticia en los mercados financieros internacionales.

Pero cual podría ser la verdadera causa de que una prestigiosa agencia como Standard and Poor’s sea tan conservadora a la hora de calificar a nuestro país. Quizá haya que buscarla en los recientes acontecimientos vividos en el ámbito financiero internacional que han dejado en evidencia clamorosos fallos en las calificaciones emitidas por las agencias internacionales que se han dejado gran parte de su prestigio en ellos.

A modo de ejemplo cabe recordar que S&P mantuvo a Lehman Brothers la misma calificación que había tenido durante la mayor parte de su historia, sin perspectiva negativa alguna, hasta seis días antes de su quiebra, que como recordarán se produjo el 15 de septiembre de 2008.

Por esta y otras razones, el funcionamiento de estas agencias internacionales de calificación de riesgos va a ser sometido a revisión en la reforma del sistema financiero internacional acordada en la reunión que el “G-20 más España” celebró en Washington, el pasado 15 de noviembre.

En definitiva, aunque es bueno para sacar pecho y muy aceptable de cara a “vender” el país a los inversores extranjeros el tener la calificación “triple A”, países con economías tan potentes como Japón, Italia y Bélgica no la tienen. De hecho, hasta diciembre de 2004, España nunca había tenido la “triple A” de S&P.

Veremos que sucede, aunque por ahora nuestro país cuenta claramente con la calificación de la “triple A” (mira que suena mal) y esperemos que sea por mucho tiempo.

La política exterior según el PP: “El tebeo”

No pasa un día, ni una hora sin que desde el principal partido de la oposición llegue una andanada hacia el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, algunas  fundadas, pero la mayoría de las veces sin fundamento alguno o con poco fondo.

La penúltima ha salido de la boca de su secretaria General, María Dolores de Cospedal y se ha dirigido contra la política exterior del Gabinete socialista, que califica de “lamentable”. Para la secretaria General del partido conservador, España está dando un “espectáculo lamentable”  en “nuestras relaciones exteriores”, según declaraciones realizadas a la emisora de televisión Antena 3.

En un más difícil todavía de funambulismo, la secretaria general del PP que dijo apoyar al Ejecutivo en el secuestro de tres cooperantes españoles por Al Qaeda, señaló que esperaba que el Gobierno “actúe como tiene que actuar y no como lo ha hecho en otras ocasiones”.

Con su habitual “yo apoyo, pero tu lo haces mal”, la dirigente conservadora ante una pregunta sobre si el Ejecutivo está convirtiendo a nuestro país en “carne de cañón” para el terrorismo internacional, responde que "la falta de una posición coherente, fuerte y firme, en muchos temas, quizás induce a pensar a algunas organizaciones terroristas que podemos ser presa fácil", para acto seguido afirmar que, en cualquier caso "los dislates" que se hayan podido producir en política exterior "en ningún caso" justifican ningún ataque terrorista ni ningún secuestro,

En el asunto de la activista saharaui Aminatu Haidar, la dirigente popular asegura que el problema lo tiene el Ejecutivo por haberla dejado entrar en España “el problema" está en que España ha incumplido las leyes “dejando que entrara".

Con respecto a la detención de los guardias civiles por policías gibraltareños, la dirigente conservadora lo calificó de “historia del tebeo”. Para Cospedal, Moratinos hizo un flaco favor a las reivindicaciones españolas sobre la Roca pidiendo perdón, sobre todo porque España no reconoce ningún agua territorial a Gibraltar.

En definitiva que ellos lo hubieran hecho muchísimo mejor. Quizá haya que recordar lo que hizo el principal partido de la oposición durante el mandato de su líder José María Aznar, en política exterior.

La apuesta atlantista de Aznar, en detrimento de Europa, fue el eje de su política exterior. Según denuncia en el diario El Mundo el 1 de noviembre de 2003 el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Autónoma de Madrid Antonio Remiro, “el hecho de que tratara de dejar en evidencia a Francia y a Alemania (la «vieja Europa») cuando patrocinó el 30 de enero de 2003, en las escaramuzas previas a la agresión de Irak, la carta de los ocho (España, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Hungría, República Checa, Polonia y Dinamarca), reveló en él signos ultramontanos”.

Quizá por no contrariar a su amigo inglés, el líder conservador español no dudó en consentir la presencia en Gibraltar de submarinos nucleares británicos de paso a la zona de conflictos o para ser reparados. La lista denunciada por Greenpeace es la siguiente: Junio 2003. Submarino norteamericano USS Hampton. Octubre 2003. Nuevamente el HMS Turbulent en Gibraltar.

Tampoco recuerdan ya los dirigentes populares los diversos y frecuentes secuestros de ciudadanos españoles en el extranjero; y  quizá no los recuerden, porque desde la entonces oposición del Partido Socialista no se les criticó, sino que se les apoyó.Pero eran otros tiempos y el PP estaba en el Gobierno.

Desde gacetilla sí queremos recordar a los cooperantes españoles que se han visto implicados en secuestros desde el año 1996. Sin contar a los heridos al implicarse como “escudos humanos” antes de los ataques a Bagdad.

27/7/1996.- Un grupo de cooperantes de "Acción contra el Hambre", entre ellos el español Álvaro Parages, son secuestrados por un grupo guerrillero checheno. Fue puesto en libertad minutos después, mientras que a un francés y un británico los mantuvieron en cautiverio hasta el 22 de agosto.

26/2/1998.- Los misioneros Fernando Aguiló y José Luís Garyoa, así como el cooperante farmacéutico Antonio Mateu son secuestrados por un grupo rebelde en Sierra Leona. Quedan en libertad el 26 de febrero.

8/12/1998.- Secuestran en Colombia a la cooperante Camino Villanueva Rodríguez, que es puesta en libertad por guerrilleros de las FARC el 9 de enero siguiente.

11/9/1999.- Un grupo de guerrilleros colombianos secuestran en la Amazonía ecuatoriana a un grupo de cooperantes de la Asociación Latinoamercana de Educación Radiofónica, entre ellos el español Ander Mimenza, su hermana María Jesús y el esposo de ésta, Jesús María Maguriagoicoetxea. El primero es liberado el 26 de septiembre, mientras que su hermana y su cuñado quedan en libertad el 9 de octubre.

8/8/2001.- Los habitantes de la localidad de San Pablo, en Colombia, retienen unas horas a los integrantes de una caravana internacional de cooperantes, entre los que se encuentran 37 españoles, al oponerse a que lleguen con las toneladas de medicamentos y alimentos a poblaciones dominadas por el Ejército de Liberación Nacional.

6/1/2004.- Secuestran en Brasil a tres religiosos, entre ellos el español Juan Carlos Martínez, en la revuelta de los terratenientes contra el anuncio del Gobierno de Lula da Silva de declarar reserva indígena la zona Raposa Serra do Sol, en Roraima. Son liberados dos días después.

Y es que como dijo Francis Bacon, Barón de Verulam: “La información es poder”, pero es menos poder si la información la manejan todos y no sólo unos pocos. El “tebeo” conservador se escribe todos los días y a veces, muchas veces, más que risa da pena.

Acotaciones al famoso manifiesto

Desde gacetilla hemos querido asomarnos al ya famoso manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet (en negrita). Como también somos libres y creadores de Internet nos gustaría hacer algunas acotaciones, y las haremos en "rojita" para los mal pensados.

"Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

Correcto, aunque ya ha manifestado el presidente del Gobierno que habrá siempre tutela judicial.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

Que pena la de diarios que han cerrado porque al poder de turno no le interesaba que siguiera abierto y nosostros todos callados.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

De acuerdo, pero tampoco saquemos tanto la cabeza. Nosotros no fabricamos cohetes espaciales.Olvidamos que el famoso Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible también recoge que antes de 2011 quedará incluido en el servicio universal una velocidad mínima de 1Mbit por segundo y que todos los nuevos edificios dispondrán de los elementos necesarios que permitan el acceso a las redes de telecomunicaciones ultrarrápidas.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

Bien, no entiendo que esta Ley "amenace a los nuevos creadores", aunque puede que el manifiesto tenga razón. Que alguien me lo explique, por favor.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

Tampoco echemos toda la culpa a los creadores ya consagrados, ni a la Industria, gracias a ellos disfrutamos todos de Internet y de música, cine, programas informáticos, etc, etc.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

Claro. Ya me gustaría a mi  y a los creadores y a la industria descifrar esas "alternativas modernas", si no de que íbamos a estar metidos en esta crisis.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

No creo que sean los creadores o los negocios obsoletos los que hacen que Internet no funcione de forma libre, salvo que "libre" sea sinónimo de "chorizo". Los intereses políticos son otra cosa, pero el intento del poder (político, económico, religioso, etc) por controlar es consustancial al mismo poder, otra cosa es que lo consiga siempre. 

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
¿A qué neutralidad nos estamos refiriendo?

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

Esto es como si a los agricultores les exigimos que nos regalen las patatas porque les hemos enseñado (la sociedad) a cultivarlas y los intermediarios que las hacen llegar a las tiendas y supermercados las encarecen en una clara posición de abuso. 

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Estoy de acuerdo.No es bueno coger el rábano por las hojas, mejor el diálogo y el consenso entre todos

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet".

Aún así, con mis matizaciones. Yo me adhiero.

La culpa fue del columpio

Este país llamado España es demasiado maniqueo. Me estoy refiriendo al caso de Aitana, la niña de Tenerife que falleció a causa de una mala caída y que desembocó en la detención de su padrastro, Diego P.V., y su posterior  linchamiento  mediático y finalmente puesta en libertad al concluirse que era inocente. 

Han sido un montón de días en los que los medios de comunicación han mostrado a este hombre como un asesino despiadado y violador de menores utilizando como argumento un parte médico y sin esperar a que fuera juzgado y condenado. Una actitud que le ha hundido la vida al ser juzgado y condenado mediáticamente.

Ahora, la autopsia ha demostrado que Diego P.V.es inocente y que todo se debió a una mala caída desde un columpio de la pequeña, que los mismos médicos que dieron el parte de denuncia no supieron valorar días atrás cuando la llevaron a urgencias tras caerse.

He escuchado todo tipo de insensateces desde entonces. Desde el Gobierno canario se asegura que ellos no tienen  que pedir perdón porque el protocolo que se lleva a cabo en casos de maltrato infantil  se ha cumplido perfectamente. Los médicos, en su papel corporativista, aseguran que han realizado bien su trabajo. Los “popes” de la prensa, por su parte, también dicen que era una noticia de interés que estaba contrastada por una fuente de toda solvencia, el parte médico, que había que publicarla y que ellos no son responsables.

En definitiva, aquí han destrozado la vida de un hombre y nadie es responsable. Quizá el único responsable que aún no ha eludido su responsabilidad es el columpio desde el que la pequeña Aitana se cayó.

Pues bien, yo si me considero responsable de este linchamiento, así que pido desde estas páginas de gacetilla perdón a Diego. Se lo pido desde mi humilde condición de ser humano que no se paró en su momento a poner en duda una información de un organismo oficial. Soy culpable de ser tan manipulable y Diego, te pido perdón por el daño que te haya podido hacer en mi pensamiento.

La ley del aborto no es cuestión de fe

Era cuestión de tiempo que desde estas páginas de gacetilla analizásemos lo que ya se conoce como nueva Ley del Aborto y que en su término justo se denomina: Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, seis grandes áreas que afectan directamente a la mujer y que las que ley actual no daba la respuesta adecuada.

En España, como en cualquier país que no dejan que sea laico, este tipo de leyes trae consigo una gran polvareda mediática, cabalgada por todo el arco conservador, incluida la jerarquía católica y sus nichos de poder. Es curioso que unos tipos, la mayoría de las veces de género masculino, que no quieren reproducirse tengan tanto que decir en cuestiones reproductivas.

Volviendo a la ley que nos ocupa, el análisis más justo sería considerar si es o no necesaria y oportuna, o había sido suficiente mantener la actual. Creemos que es una ley necesaria porque con los avances sociales que ha experimentado nuestro país a lo largo del último cuarto de siglo, no podemos continuar con una ley que no se ajusta a la realidad. Y no se ajusta a la realidad porque la actual ley no garantiza la seguridad jurídica de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, ni la de los profesionales que intervienen en el proceso. Tampoco garantiza la igualdad de la mujer, ni la equidad en el en el acceso a las prestaciones sanitarias relacionadas con la salud reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde 1995, se han planteado en el Parlamento más de 20 iniciativas, siempre en la misma dirección: ofrecer mayor seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios y garantizar la equidad en el acceso a esta prestación sanitaria. Y ha sido de nuevo un Gobierno socialista el que ha abordado una nueva ley que viene a resolver las importantes carencias de la actual normativa sobre interrupción del embarazo. Junto a esto hay que entender que ésta es una de las leyes más debatidas en muchos años. Se aprueba tras un amplio período de más de un año de trabajo, reflexión y diálogo. La Ley ha sido respaldada el pasado 26 de noviembre  por el Parlamento (183 votos rechazaron las enmiendas a la totalidad de la oposición).

Además a nadie escapa que estamos ante una ley equilibrada. El Congreso ha apoyado un proyecto de ley claro y coherente para reducir el número de embarazos no deseados  y ofrecer más garantías en la interrupción voluntaria del embarazo. La ley establece pues unos límites que antes no existían, garantizando a la vez los derechos a la intimidad y, sobre todo a la dignidad de las mujeres, sin desproteger en ningún caso, por mucho que algunos se empeñen, la vida prenatal. Y es que el Gobierno está trabajando en una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde interrupción del embarazo se contempla como el último recurso, y actuará en el ámbito de la prevención y la educación sexual.

La ley establece un sistema de plazos, complementado con indicaciones que regulan supuestos de carácter médico. Y con las debidas garantías.

El asunto de la objeción de conciencia según el Ejecutivo, requiere de una regulación mucho más amplia que excede del marco de esta ley, pero lo que sí recoge la norma son garantías para el acceso a la prestación en todos los supuestos. Hay destacar de manera clara el carácter garantista de esta norma ya que aunque el aborto, fuera de las causas o supuesto que marca esta ley, continuará siendo un delito, desaparecerán del Código Penal las penas de prisión para las mujeres, que todavía hoy día están vigentes. 

En definitiva, nos encontramos ante una buena norma que debe ser afrontada a pesar de las manifestaciones antiabortistas que llegaron hasta las puertas de la casa de la ministra Bibiana Aido, máxima impulsora de la ley, ni las querellas contra las clínicas abortistas, -la ultima de las cuales, contra la Clínica Isadora,, ha sido desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid cuyo auto apuntaba la mala praxis en la investigación policial-. O los enfrentamientos de la Comunidad de Madrid, -muy activa a favor de los mal denominados movimientos pro-vida- encabezados por la Consejería de Sanidad que dirigía el corifeo Lamela, desde donde se lanzó un duro comunicado en plena investigación policial contra Isadora acusando a esta clínica de incumplir la normativa de gestión de residuos y mezclar restos orgánicos (tejidos procedentes de abortos) e inorgánicos (material quirúrgico usado en las intervenciones).

Esperemos que ahora el Parlamento haga bien su trabajo y legisle con la cabeza, con la razón, aunque aquí están en España caldeando el ambiente y excomulgando a diestro y siniestro, los de siempre, cuando es su jerarquía quien, en muchas ocasiones, ha dado la comunión con sus propias manos a dictadores asesinos, sólo por el hecho de ostentar el poder. Esta ley señores, es cuestión de un debate racional. Esta ley, señores, no es cuestión de fe.

Los IPC también avalan al Gobierno

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España regresó a tasas positivas durante este mes de noviembre, tras ocho meses continuados de cifras en negativo, al subir un punto en su tasa anual y situarse en el 0,4%, frente al -0,6% del mes de octubre, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay que recordar, no obstante, que el indicador adelantado es únicamente orientativo, por lo que no tiene que coincidir necesariamente con el dato definitivo, que se dará a conocer el próximo 15 de diciembre, aunque sería casi imposible que no coincidiera.

La tasa anual del IPC armonizado suele coincidir generalmente con la del IPC general y apenas varía en alguna décima. El IPCA alcanzó su mínimo histórico durante el pasado mes de julio, con una tasa del -1,4%.

Los datos del IPCA publicados hoy reflejan, entre otras cosas, que los precios subieron cinco décimas en noviembre, respecto al mes pasado. Situándose en 0,5% y que, por primera vez en los últimos nueve meses, el IPCA interanual se sitúa en valores positivos, concretamente en el 0,4%, mientras que en el mes anterior el IPCA interanual se situaba en el -0,6%.

Hay que recordar que este IPC interanual de noviembre es el que se utiliza como referencia para la revalorización de las pensiones. De confirmarse el dato, el próximo 15 de diciembre el Ministerio de Trabajo no tendrá que compensar a los pensionistas durante este año por la desviación de precios, ya que su pensión subió a principios del ejercicio un 2%, por encima del dato avanzado para noviembre. Esto quiere decir que los pensionistas han ganado este año poder adquisitivo.

Todos estos son datos muy positivos que hay que añadir otros como que ya comienzan a crecer sectores tan importantes para la economía como el del automóvil. En el pasado mes de octubre volvió a crecer la producción de vehículos en España un 5,7% más que hace un año. Es el tercer mes consecutivo de crecimiento de la producción, según los datos publicados ayer por Anfac (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones). Anfac asegura que esta evolución positiva es consecuencia de las medidas del Gobierno, en apoyo del sector.

La cruda realidad de los datos confirma, una vez más, lo que el Gobierno viene diciendo desde que en marzo se registro el primer IPC negativo y es que volveríamos a estar en niveles moderadamente positivos de la inflación, a finales de año. El Gobierno ha descartado siempre un proceso de deflación y ha mantenido que el índice de precios cerraría el año con tasas positivas.

Zapatero quiere un nuevo orden económico

El Consejo de Ministros aprueba hoy viernes el anteproyecto de la ya denominada Ley de Economía Sostenible, una norma anunciada ya hace seis meses y con la que el Gobierno, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, pretende construir en España un nuevo modelo económico capaz de afrontar los retos a los que nos enfrentaremos en los próximos 10 años. Las claves de esta nueva economía estarán precisamente en su sostenibilidad medioambiental y en la justicia social. Es lo que desde el Ejecutivo se ha denominado la nueva economía del siglo XXI.

Las medidas que ha tomado el Ejecutivo durante la crisis, parecen que ya están dando su fruto y ahora que la crisis ha tocado fondo y se atisba la recuperación, el Gobierno afronta el reto de transformar nuestro modelo productivo, para hacerlo más competitivo e innovador, y, al mismo tiempo, social y medioambientalmente sostenible. Para ello se ha presentado esta macro ley que configura un nuevo modelo económico, basado en: el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y todo ello para recuperar el crecimiento, pero a diferencia de los modelos económicos neoconservadores, sin pérdida de ninguno de los derechos sociales.

Todos -países, organizaciones internacionales, economistas y expertos en el sector financiero- coinciden en afirmar que esta crisis ha obligado a cambiar el modelo de crecimiento económico. El Gobierno se ha puesto en marcha y, desde el pasado mes de mayo, 13 ministerios, todos los que conforman el Gobierno, excepto los de Eexteriores, Interior, Defensa y Cultura, han trabajado en la elaboración de este anteproyecto de ley.

Aunque el cuerpo del anteproyecto aún no ha salido del Consejo de Ministros, gacetilla ha podido saber que la nueva norma, al igual que con todas las leyes que ha aprobado el Gobierno, dispondrá de una dotación inicial de 25 millones de euros. 20.000 millones estarán destinados, dentro del Fondo para la Economía Sostenible, a apoyar la financiación del sector privado en proyectos de inversión que contribuyan a la innovación y el desarrollo tecnológico, la internacionalización empresarial, el ahorro y la eficiencia energética y el desarrollo de servicios sociosanitarios, en especial los vinculados a la atención de la dependencia. A esto hay que añadir otros 5.000 millones, hasta completar los 25.000, que irán destinados, dentro del Fondo de Inversión Local, a que los ayuntamientos promuevan en sus municipios el mismo tipo de inversiones productivas que el Fondo para la Economía Sostenible.

Entre las medidas y reformas que la nueva ley dispondrá están:

Una reforma del sistema financiero, introduciendo mayores mecanismos de regulación y control, así como límites a los incentivos de los altos directivos. Una reforma de los organismos reguladores para aumentar su eficacia. Nuevas medidas para favorecer la internacionalización de las empresas españolas. Mecanismos de simplificación de la relación de las empresas con las administraciones. Nuevas reformas en la contratación pública para favorecer la competitividad. Lucha contra la morosidad. Colaboración público-privada en el desarrollo y gestión de infraestructuras. Lanzamiento de las empresas de servicios energéticos para favorecer el ahorro y la eficiencia energética, utilizando recursos inactivos en el sector de la construcción. Prospectiva energética para el horizonte 2020. Movilidad sostenible, incluyendo el vehículo eléctrico. Reforma de la desgravación por compra de vivienda. Fuerte impulso fiscal a la rehabilitación de viviendas y al alquiler y, por último, fuerte impulso fiscal a la investigación, desarrollo e innovación para el sector privado.

El Gobierno está convencido de que el futuro económico de España pasa por esta ley de sostenibilidad y visto lo visto, esperemos que esta ley de sus frutos porque, en este siglo XXI que henos comenzado a andar, ya no es sostenible una economía desregulada del modelo neoconservador de enriquecimiento rápido y sin ninguna solidez, tal y como se ha demostrado esta crisis. Ni un sistema financiero internacional desprovisto de todo mecanismo de supervisión y de control. Ni que el 90% de la producción mundial siga utilizando fuentes de energía que destruyen la tierra, contaminan el mar y envenenan el aire. Ni que la Economía y el empleo en España tengan su principal base en el ladrillo. Ni querer avanzar deprisa, como exige la sociedad actual, si no tenemos una Administración más ágil, más innovadora y menos burocrática. Ni, por supuesto, ser competitivos en la Economía, sin un sistema educativo de primer nivel.

Para el PP parece que la respuesta a esta crisis económica es volver a las políticas de 1996, y ya dicen no a esta nueva norma, como siempre sin esperar siquiera a conocerla ni presentar alternativa conocida. Es como escuchar esos mensajes tan políticamente correctos que aparecen cuando se estropea algo y no tiene ya arreglo: “Hemos decidido centrar nuestros esfuerzos en otras áreas”. Como siempre, la oposición ni está, ni se le espera.

El Alakrana saca la “política de garrote” del PP

El final feliz del secuestro del buque pesquero Alakrana todavía colea y es que hay quien hace de la confrontación todo un estilo de vida. Que los familiares o los marineros liberados digan “perlas” que rayan lo xenófobo, pase porque han sido ellos quienes han padecido en su propia carne el secuestro, pero que en el Hemiciclo se digan barbaridades como las escuchadas hoy miércoles día 25 alcanza ya lo incalificable.

Desde gacetilla ya se señaló que nos habíamos mantenido al margen de esta noticia por razones obvias (había un grupo de trabajadores españoles en peligro), pero una vez liberados sin haber tenido que lamentar ninguna desgracia hace que cambien las cosas y se saque también desde estos píxeles, el análisis.

Algunos pretenden que nuestro país rememore viejas glorias y vaya por el mundo con su Ejército en píe de guerra amedrentando a diestro y siniestro cuando es atacado, allende de nuestra frontera, cualquier interés español, sobre todo si ese interés es económico: Que Chávez le corta el grifo a Repsol, ataque a Caracas. Que Gadafí hace lo propio con Gas Natural, pepinazo a Trípoli; que Evo Morales decide que Telefónica abandone el país, La Paz borrada del mapa. Vamos que hay que enseñarles a respetar los intereses españoles. Y si quien lo hace son unos piratas, pues a por ellos a sangre y fuego.

En pleno Siglo XXI todavía el efecto Bush sigue latente, yo diría que muy latente, entre el conservadurismo occidental, que aquí en nuestras fronteras representa el Partido Popular, y hoy hemos vivido una escalofriante representación de su filosofía en política internacional.

Estaba la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicando ante sus señorías en el Congreso los pormenores del denominado ya “caso Alakrana” y aseguraba a los oyentes que al Ejecutivo le habría gustado detener a los piratas una vez liberado el buque, pero optó por disparar sólo al barco y por no seguir disparando cuando los piratas llegaron a tierra.

En eso llegó desde la bancada azul la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría para acusar al Gobierno de “tener muchos perjuicios” a todo aquello que "suponga el uso legal, proporcionado y reglado de la fuerza".

La portavoz popular le dijo a De la Vega que si hubieran hecho caso de las recomendaciones que le hicieron los grupos parlamentarios tras el caso del “Playa Bakio” "se habría evitado el apresamiento del Alakrana”. La conservadora Sáenz de Santamaría señaló ante sus señorías que el artículo 16 de la Ley de Defensa Nacional establece como operaciones de las Fuerzas Armadas "preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles en el extranjero".

La vicepresidenta primera dejó bien claro ante sus señorías que el Gobierno se rige por unas reglas “del juego" distintas a las de los piratas, unas reglas "garantistas" del Estado de Derecho y que eso incluye "respeto a los derechos de los detenidos". "No se es más eficaz en la lucha contra el crimen contraviniendo las normas", avisó.

De la Vega quiso saber si el PP, lo que pretendía es que se desplegaran soldados "invadiendo un país", actuando al margen de la ONU y "disparando indiscriminadamente". "No llego a comprender a qué se refieren", le espetó a Sáenz de Santamaría.

Defendió, además que la liberación se hizo "de forma impecable", protegiendo a los pescadores, "evitando un nuevo intento de secuestro" e intentando detener a los piratas en la medida posible para no poner en peligro a la tripulación: "Donde ustedes ven humillación yo veo responsabilidad, donde ven dejación yo veo valentía y entereza", argumentó frente a las críticas del PP. "El Gobierno ha actuado en todo momento con responsabilidad y cumpliendo a rajatabla la ley, de cuyo margen no nos hemos salido, se lo aseguro, ni un milímetro", aseguró la responsable del Ejecutivo.

Un secuestro de un barco, en un país extranjero, con unas condiciones fuera de la legislación internacional es muy difícil de gestionar, recordemos que existen aún once barcos apresados por los piratas y a la espera del pago del rescate. Este tipo de situaciones no se resuelven invadiendo un estado, por muy desmembrado que se encuentre, ni atacando con buques de guerra a todo el que navegue por esas aguas y sea de piel oscura. Este tipo de situaciones requieren actuaciones coordinadas, personas con la cabeza fría y negociaciones a muchos niveles.

Aquí, ya lo dijimos, ha podido fallar en algo el Gobierno, pero también la oposición, los jueces, los periodistas y los armadores del buque y quizá, porque no, quien dio la orden de salirse del área de protección marítima de las fuerzas que participan en la “Operación Atlánta”, si es que esa orden se dio.

ZP vs MAFO

Dos declaraciones claramente contradictorias se han escuchado hoy en las ondas políticas españolas y las dos de muy alto nivel. Por una parte, el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, quien ha señalado que todos los datos que él posee anuncian que la  recuperación económica se ha iniciado en nuestro país; por su parte, el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, quien continúa con su cantinela de que o hay reformas urgentes o no hay recuperación que valga, reformas de las que Zapatero no quiere oír hablar, sobre todo porque cuando se habla de reformas, siempre tocan a los más débiles, los trabajadores.

Para el presidente del Ejecutivo, que ha participado en la mesa redonda; “Trazando el futuro rumbo de España” organizado por la revista británica The Economist, la recuperación económica ya está en marcha en España, aunque advirtió que no se sabe aún con certeza cuándo tendrá el vigor suficiente para crear empleo.

Para el presidente del Gobierno “también en España estamos a punto de registrar datos intertrimestrales positivos. Nos incorporamos algo más tarde a la recesión y saldremos algo más tarde de ella. Y, si tan sólo hace unos meses todos nos equivocábamos al alza en las previsiones, muy pronto veremos cómo, por fortuna, ocurre lo contrario”.

En el momento en el que nos encontramos la principal tarea del Ejecutivo y su principal responsabilidad es, según su presidente, “cómo dejar la crisis atrás, cómo volver a crecer, cómo volver a crear empleo en nuestro país y cómo hacer todo ello, además, sabiendo que no estamos ante una simple sucesión de ciclos económicos, sino ante el desafío de crecer y de crear empleo de otra manera, con un modelo productivo renovado. El presidente descartó cualquier medida unilateral para impulsar el mercado laboral español ya que "siempre hemos defendido que es mejor hacerlo por acuerdo que hacerlo unilateralmente”.

También recordó que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que contribuirá a reformar el modelo económico español. Para ello dejó entrever medidas encaminadas a realizar un fuerte ajuste del sector inmobiliario, reducción del endeudamiento del sector privado y la lucha contra el diferencial de inflación con los países vecinos. 


Para el Ejecutivo existen “razones objetivas" que hacen ver la luz sobre un crecimiento de la economía española. Entre ellas, que nuestro país contará durante la próxima década con una población menos envejecida que la media europea, que habrá una incorporación al mercado de trabajo de un mayor porcentaje de licenciados, que contaremos con un capital productivo más moderno, fruto del mayor esfuerzo inversor de nuestras empresas y dispondremos de un tejido empresarial crecientemente internacionalizado con empresas líderes en el ámbito de las tecnologías de la información y su aplicación a servicios como la Sanidad en línea, la Educación o la Seguridad. A esto se debe unir que en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo de inversión pública para reforzar el capital físico e innovador de nuestra Economía.

Por su parte, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), reclamó en la Comisión de Presupuestos del Senado al Gobierno una reforma laboral en profundidad  capaz de facilitar “al máximo” la creación de empleo. Para MAFO es imprescindible innovar en las modalidades de contratación para poder reducir el paro y, sobre todo, reducir la “acusada segmentación” del mercado laboral y para ello debe reformarse la negociación colectiva para dotar a las empresas españolas de la flexibilidad que necesitan para aumentar su productividad.

Para el Gobernador del Banco de España ya no valen los sistemas contractuales rígidos y se deben lo antes posible adoptar medidas que permitan que la organización interna y los costes laborales puedan adecuarse en mayor grado a la situación específica de cada empresa y a la evolución cíclica. Si se hacen “reformas laborales" importantes podremos lograr que comience la recuperación del empleo, aunque el crecimiento de la economía sea bajo.

Ordoñez dijo “sentirse muy contento” del cambio de discurso que, en su opinión, se ha producido en las organizaciones sindicales y en los ministros de Trabajo y Fomento, que ya admiten la posibilidad de negociar una reforma laboral.

Aquí estamos ante dos concepciones diferentes, una proteccionista, la otra liberal. Me da la impresión que si MAFO ha realizado un análisis tan simplista como que el Gobierno acepta sin más cualquier reforma laboral, también se equivoca. Quizá esto sea ya algo habitual.

Y ahora, las patronales del campo

Ya están aquí. Como cada año, mañana llegan a Madrid las patronales del campo a protestar. Llegan con sus tractores y con un lema: “Contra la mayor crisis conocida del campo español”. Es de reseñar que son los agricultores, uno de los grupos de empresarios que reciben más subvenciones estatales, de los pocos emprendedores españoles que, con la que está cayendo, se atreven a realizar un paro patronal.

Así las cosas y tras “haber echado el cierre” al campo español durante la jornada del viernes 20N, que no había otro día. El sábado 21N, llegan a Madrid de la mano de Asaja, COAG y UPA y las cooperativas agroalimentarias. Traen, dicen, un solo objetivo: denunciar la "grave situación" por la que atraviesa el sector agrario y ganadero, que tiene su origen en una "profunda crisis de mercado" con precios "hundidos" y costes de producción "disparados". 

Desde el PP ya han comenzado las adhesiones inquebrantables. El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, José Ignacio Llorens, ha declarado que los agricultores “ante la grave situación que viven por la crisis del sector y la pasividad del Gobierno, no tienen más remedio que convocar paros”. Llorens pidió a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que no siga impasible ante una situación en la que los costes han llegado ya al 80% de la producción final agraria mientras los precios están hundidos.

Pero el diputado no quiere saber que ha sido precisamente este Gobierno el que ha plasmado como realidad viejas reivindicaciones históricas del sector Agrario que, hasta ahora, nadie había atendido. Y ya han pasado algunos Ejecutivos por La Moncloa.

Durante estos cinco años de Gobierno socialista se han hecho realidad muchas de las reivindicaciones históricas del sector. La más reciente es la aprobación de un gasóleo profesional. A partir del 1 de enero de 2010 el sector contará con este carburante, que quedará reconocido normativamente en la Ley de Economía Sostenible. La medida tiene una vigencia indefinida. La devolución será de 78,71€ por cada 1.000 litros de gasóleo.

Y todavía hay más.

Aunque estas patronales se quejan de que existe un recorte de las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común), lo único cierto es que España es el segundo receptor de fondos de la PAC después de Francia. Nuestro país recibe el 13,4% del conjunto de los dos Fondos de la PAC (FEAGA y FEADER). El sector agrario español recibe cada año 6.600 millones de euros de fondos europeos, sin contar la financiación nacional. Y para el 2010, España podrá beneficiarse de otros 144 millones anuales para fomento de la actividad agraria.

Además, uno de los objetivos de la Presidencia española de la UE, durante el primer semestre de 2010, es defender el mantenimiento de la PAC en el horizonte de 2020 y el reconocimiento de la agricultura y la alimentación como sector estratégico.

Así que no es cierto que el Gobierno no se haya ocupado del campo español, muy al contrario. En 2009, el sector agrícola español ha recibido 7.433 millones de euros de fondos europeos. Lo cual supone un incremento de 517 millones más que en 2008 (un 7,8%).Hasta la fecha se han anticipado ya el 70% de estos fondos.

A todo esto se le pueden añadir un par de datos más: Las ayudas a las rentas e intervenciones en los mercados españoles se han incrementado en 2009 en un 4,8%, respecto al ejercicio anterior. Y Las ayudas al Desarrollo Rural cofinanciadas por el FEADER y las administraciones públicas aumentaron un 23,8% en 2009 en España.

Pero hay más. En 2010 se elevará el IVA de compensación en la agricultura y la ganadería como ha solicitado el Sector. Un 10% en productos agrícolas o forestales, y un 8,5% en productos ganaderos y pesqueros. Y se mejora la cotización por jornadas reales de los trabajadores con contrato temporal y fijo discontinuo. Una reducción que será de 1,68 € por cada jornada, de los que 1,50 € se aplicarán a la cotización por contingencias comunes y 0,18 € a las contingencias del trabajo y enfermedades profesionales.

Este Gobierno destinará en 2010, al sector agrario un total de 1.041 millones de euros a través de: la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Además, el Gobierno ha abierto líneas de financiación a través del ICO y el Plan de Estimulo a la Inversión en el sector agroalimentario, para hacer más accesible al sector la liquidez.

La mayor parte de las reivindicaciones de estos empresarios han sido ya satisfechas, lo están siendo o a punto de serlo.

Los que ya no están tan contentos son los trabajadores del campo. Estos obreros se quedarán muy probablemente durante estos días de huelga patronal sin cobrar sus salarios, como denuncia la Federación Agroalimentaria de CCOO, “imputando un coste a las arcas públicas través del subsidio o renta agraria que tendrían que percibir los eventuales con ese derecho y otros trabajadores y trabajadoras simplemente no cobraran el salario”.

Para este sindicato: “El sector agropecuario español es uno de los más subvencionados dentro de la UE y, por el contrario, en España tiene uno de los modelos de relaciones laborales más arcaicos”. En España existe el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), “que los patronos quieren mantener como sea y no integrarlo al Régimen General de la Seguridad Social (RGSS) ya que tiene unas condiciones laborales muy inferiores al resto de trabajadores del RGSS”.

“Finalmente, resulta paradigmático” señala CCOO, “que una de las patronales agrarias (ASAJA- CEOE) que convoca el paro tenga paralizada la negociación colectiva en múltiples provincias y en otras se niega a pagar las subidas salariales pactadas a los trabajadores y trabajadoras que solo dependen de su salario para mantener a sus familias”.

Quizás estamos metiendo la pata entre todos con los problemas del campo. Quizás había que escuchar otras opiniones, o quizás el campo español tenga un problema de raíz, una raíz que nunca da un fruto.

Noticias de Castilla y León. Informativo Territorial de Castilla y León. (20/11/09)