Rajoy I, el desmemoriado

Tan rematadamente mal lo hizo Mariano Rajoy durante su “paseo” por los distintos ministerios del Gobierno Aznar, que, como si sufriera de amnesia profunda, su mente ha borrado cualquier recuerdo del pasado. O es que, una vez más, por atacar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y recoger algo en la cosecha de los votos, el jefe del partido conservador es capaz de vender su alma al mismísimo diablo, y léase este, como “el señor de la tontería más supina”.

Y ustedes amigos lectores se preguntarán ¿a qué viene todo esto? Pues se lo voy a aclarar con pelos y señales. Siéntense en sus sillas y continúen con la lectura.

Recuerdan todos que el Ayuntamiento de Vic ha anunciado por activa y por pasiva su pretensión de no empadronar a los inmigrantes que no tengan legalizada su situación en España, verdad. Y que ha tenido una contestación muy clara y tajante por parte tanto del Gobierno de España como del partido que lo sustenta (PSOE) en el sentido de que: “Eso va contra la Ley. Por tanto es ilegal y no lo puede hacer y si pese a ello, adoptara finalmente la decisión de hacerlo, actuaría la Abogacía del Estado”.

Hasta aquí lo normal en el tira y afloja. Pero lo grave es lo que ha respondido el líder del partido de la oposición al respecto. Nada más y nada menos que aunque la ley es clara al respecto, la ley no debe ser muy buena. Así en declaraciones realizadas en la clausura de XV Interparlamentaria del PP, en Palma de Mallorca, el pasado 16 de enero de 2010 dijo textualmente Mariano Rajoy con respecto a este asunto: “La Ley está para cumplirse, pero cuando las cosas se hacen mal, acaban notándose”. Y no contento con esto dijo además: “.La ley hay que modificarla y espero que, en este momento, vistos los efectos de la demagogia que llevan haciendo durante años, modifiquen la ley, se avengan a razones y cambien su política para no generar más problemas al conjunto de los ciudadanos”.

Pero el señor Rajoy parece que tiene la memoria frágil y ya no se acuerda de que la normativa que obliga a los Ayuntamientos a empadronar a todos los inmigrantes, estén en situación, legal o no, es una Resolución de 4 de julio de 1997 del Ministerio de Administraciones Públicas y que el ministro de Administraciones Públicas, en esa fecha no era otro que Mariano Rajoy. Sí queridos lectores, el mismísimo Rajoy fue quien promulgó esta ley. De risa.

Pero aún hay más. Quizá haya que recordarle también a don Mariano que en los siete, si han leído bien siete años posteriores en los que gobernó el Partido Popular ni a este dirigente ni a ningún otro se le ocurrió modificar esta ley “tan mal hecha”, según Rajoy.

La Resolución de 4 de julio de 1997, Apartado 5, del “Empadronamiento de Extranjeros” dice textualmente: “El Ayuntamiento ni interviene en la concesión de los permisos de residencia ni es competente para controlarlos. Su obligación es reflejar en un registro, el Padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal. Y de la misma manera que no debe controlar, a través del Padrón, la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco debe realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos”. “En el Padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeros, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el registro del Ministerio del Interior”.

Le dijo la sartén al cazo: apártate que me tiznas. En fin un episodio más de frescura parlamentaria, aunque como diría un castizo: "de tanto oponerse el señor Rajoy se ha opuesto en esta ocasión a sí mismo". Lo dicho, demencial.

De fregonas, maletas, SGAE y ministra de Cultura

Yo no lo tengo tan claro como parece que lo tiene el que fuera presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que en un artículo publicado en el diario El Pais deja la duda encima de la mesa sobre la necesidad y oportunidad del Gobierno de "ponerle puertas" a Internet siguiendo las "directrices" de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Pero volviendo al citado artículo, si obviamos su comienzo, el resto es bastante interesante, por eso lo dejo aquí para disfrute de nuestros lectores. Una cosa señoría, no pienso pagar derechos de autor, porque me acojo a la "enmienda" del propio autor del escrito que dice textualmente: "Lo que yo estoy escribiendo en este momento, ¿no es la consecuencia de lo que hablan y razonan millones de personas? ¿Cuáles son los derechos que me corresponden como autor de un escrito que es la consecuencia de la influencia de miles de escritos y reflexiones? ¿Entre cuántos tendría que repartir mis derechos de autor?" Lo dejamos así y como diría un humorista, que espero no me cobre derechos de autor: "Las gallinas que entran, por las que salen".

En el citado texto, tras argumentar algunos avances realizadospor la humanidad que no hubieran sido posibles sin algunos otros que ya eran de uso común: "Hubo alguien que inventó la fregona para, en el tiempo del machismo recalcitrante, poner a la mujer de pie en lugar de rodillas a la hora de fregar el suelo, y también existió alguien que inventó la maleta de dos ruedas (...). Ambos inventos vinieron precedidos de otras cuatro genialidades: algunos inventaron el palo, otros el trapo, otros la rueda y otros la maleta. La ocurrencia del de la fregona y del de la maleta de ruedas consistió en unir en un mismo artefacto el palo y el trapo por una parte, y las ruedas y la maleta por otra".

El autor se pregunta ante esto: "¿Le corresponde algún tipo de propiedad intelectual al inventor de la fregona y al inventor de la maleta de ruedas? Sus creaciones no surgieron de la nada, puesto que unieron dos cosas que ya existían y que, antes que ellos, alguien inventó. Y siguiendo el razonamiento, seguro que antes del de la rueda o del de la maleta, del trapo o del palo, ya hubo alguien que inventó algo que sirvió para que esos artilugios pudieran mezclarse".

Rodríguez Ibarra va más allá al considerar que "Eso que acabo de describir y que permite discutir, cuando no negar, la propiedad intelectual, no ocurre sólo con esos inventos, sino que es la forma que tiene la humanidad de acercarse al proceso de creación. Por eso, resulta chirriante escuchar a algunos creadores musicales y cinematográficos españoles cuando hablan, hasta la náusea, de sus creaciones y de su propiedad intelectual, dañada, según ellos y la SGAE, por la piratería informática. ¿Acaso cuando alguien compone una balada, de cuya autoría reclama la propiedad intelectual, no está creando algo sobre creaciones anteriores o contemporáneas a él? ¿No hubo antes que él alguien que escribió la primera balada de la historia? Es imposible imaginar que una creación de ese tipo se sostiene sobre la nada o sobre el vacío. Cuando alguien compone una melodía del tipo que sea, ¿no está influido por todo lo que ha escuchado, leído y visto a lo largo de su vida?". Por lo que el autor asegura: "¿Alguien puede decir que lo que ha creado no es el producto de sus influencias?"

El ex presidente de la Junta de Extremadura sigue argumentando que "Si la propiedad intelectual es discutible e incluso se puede negar desde una concepción de izquierdas, no niego que, por juntar palabras que no son nuestras o por unir imágenes que tampoco lo son, se tenga derecho a recibir algún tipo de remuneración en forma de lo que se conoce como derecho de autor, y para ello mi propuesta es la siguiente: 1. Tomar como punto de referencia el importe de ingresos por compensación por copia privada que se ha recaudado con la legislación vigente en los últimos tres años. 2. Que esa cantidad, con las sucesivas actualizaciones, sea garantizada por el Estado para la industria cultural nacional. 3. Que esa cantidad sea repartida entre los creadores de forma transparente, es decir, que se haga en función de los ingresos declarados por venta de sus obras en las respectivas declaraciones de la renta. 4. Que en la declaración de la renta de todos los ciudadanos figure una casilla para destinar una parte de los impuestos a compensar la copia privada"

Para Rodríguez Ibarra: "En una sociedad en la que un chico de quince años es capaz de introducirse en los archivos del Pentágono norteamericano con su ordenador, ¿cuánto tiempo calcula la Ministra de Cultura que iban a tardar en aparecer mil páginas en Internet por cada una que cerrara una comisión ministerial o un juez?".

Pues eso, que como dijo Ramón de Campoamor: "Y es que en este mundo traidor, no hay verdad ni mentira: todo es según el cristal con que se mira".

Ver artículo completo de Rodríguez Ibarra en El País

Impulso de la presidencia española a la Política Energética Común de la UE

Si ayer contábamos que la propuesta estrella de la presidencia española de la Unión Europea era avanzar hacia el Mercado Único, hoy nos ocupa un segundo pilar de una Europa unida, la Política Energética Común. Una Europa menos contaminante, capaz de asimilar más energías renovables y, sobre todo, dotada de interconexiones que garanticen el suministro a todos los países UE. Para ello, los ministros de Energía de los 27 países de la UE se reunieron hoy viernes 15 de enero en Sevilla, en un consejo informal presidido por el titular español de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián.

José Luis Rodríguez Zapatero considera que la Unión Europea debe mantener su liderazgo en la lucha contra el cambio climático y que puede hacerlo, sin mermar sus expectativas de desarrollo y prosperidad, con una estrategia energética común, que garantice a todos los ciudadanos europeos el acceso a una energía limpia segura y con precios adecuados para su bienestar y progreso, y eso se hace sobre la base de tres importantes pilares: sostenibilidad, competitividad y seguridad del suministro, sin estas tres premisas es imposible alcanzar el objetivo.

Pero, ¿cómo se logra?, pues con la implantación de nuevas tecnologías, sobre todo en el sector industrial, que reduzcan al máximo las emisiones de carbono, unidas a políticas efectivas de ahorro y eficiencia energética. Incluyendo el desarrollo de las energías renovables y, por supuesto, ampliando la red de interconexiones energéticas entre los países de la UE para mejorar la garantía del suministro.

Según ha podido saber gacetilla, cinco son las acciones concretas de la presidencia española para avanzar en los  objetivos marcados: Plan de Acción Europeo de la Energía 2010-2014; Plan Solar Mediterráneo; avanzar en las interconexiones energéticas; creación y firma de la Asociación Internacional para la Cooperación en Eficiencia Energética y, por último y no menos importante, puesta en marcha de la Agencia Europea de Cooperación de Reguladores, que habrá de resolver cuestiones como la divergencia regulatoria entre Estados miembros o las interconexiones.

La presidencia española ha elaborado ya un documento con los elementos básicos que podrían articular el Plan de Acción Europeo de la Energía 2010-2014 que va a constituir la base de la nueva Política Energética Europea, para los próximos cinco años. El documento, que ha sido debatido hoy viernes 15 de enero en el citado encuentro informal de Ministros de Energía de la UE, será previsiblemente sometido a la aprobación del Consejo Europeo, en la primavera de este año 2010.

Por lo que respecta al denominado Plan Solar Mediterráneo, es objetivo de la presidencia española impulsarlo. Hay que recordar que este Plan busca compartir tecnologías y recursos, en lugar de competir por ellos, como ha venido sucediendo a través de la Historia. La presidencia española organizará en Valencia, los días 11 y 12 de mayo de 2010, una conferencia sobre el Plan Solar Mediterráneo que contará con la participación de las Instituciones europeas, los países ribereños y la Industria. El citado Plan, pretende que exista un fomento, a gran escala, de la energía solar y otras renovables, facilitando el avance tecnológico y favoreciendo las inversiones. También pretende avanzar en el desarrollo de las interconexiones eléctricas en el sur y en el este del Mediterráneo y, por supuesto, en la reducción de los gases de efecto invernadero. La previsión es llevar las conclusiones de la conferencia de Valencia sobre el Plan Solar a la cumbre Euromed, de junio, en Barcelona.

Pero, por encima de todo, uno de los aspectos en los que más incide el documento sobre Plan de Acción Europeo, elaborado por la presidencia española, es la necesidad de desarrollar, cuanto antes, las interconexiones energéticas.

Es lógico este interés ya que son un elemento clave para la creación de un verdadero mercado interior de la electricidad y del gas en toda la UE, para la seguridad del suministro y, en el caso específico de la electricidad, para una mayor integración de la producción de energías renovables.

Y el lector se preguntará, ¿por qué?, pues porque las interconexiones energéticas con mayores capacidades resolverían los actuales cuellos de botella en los trasvases de energías de unos países a otros. Pero además del mallado europeo, se aboga en el documento promover las interconexiones con los mercados periféricos y los insulares, como garantía de suministro.

La presidencia española defiende que hay que potenciar el lanzamiento de proyectos prioritarios de interconexiones transeuropeas como son el Anillo Báltico, la Red Eólica Marítima y las Conexiones gasistas en el Oeste y en el Sudeste de la UE. Y destaca especialmente el Anillo Mediterráneo, como infraestructura prioritaria de conexión en una de las áreas de vecindad de la UE que ofrece mayores oportunidades para la cooperación y la diversificación de fuentes de energía.

Además, nuestro país está resultando una potencia en energías renovables y ya ha comunicado a principios de este año, a la Comisión Europea que, en 2020, prevé que la participación de las renovables en nuestro país será del 22,7% sobre la energía final y un 42,3% de la generación eléctrica.

España, pues, podrá transferir este superávit a otros países europeos que resulten deficitarios en el cumplimiento de sus objetivos y para ello resulta indispensable un mayor desarrollo de las interconexiones eléctricas de España con el sistema eléctrico europeo.

En cuanto a políticas medioambientales, España ha trasladado hoy a los ministros de Medio Ambiente de la UE, reunidos en Sevilla, su intención de

impulsar en la mayor brevedad posible la aplicación y desarrollo del Acuerdo de Copenhague, un acuerdo que, aún estando por debajo del grado de compromiso defendido por la UE en esa Cumbre, supone un paso clave en la política de lucha contra el cambio climático, porque incluye compromisos de reducción de emisiones de los países que concentran más del 80% de emisiones globales.

España ofrece y desea el diálogo y el acuerdo para convertir el acuerdo político de Copenhague en un acuerdo jurídicamente vinculante, de cara a la próxima Cumbre sobre el Clima, que se celebrará en México en el mes de noviembre. La negociación para alcanzar un acuerdo estable entre los países miembros sobre objetivos de reducción de emisiones, porque la Unión Europea debe comunicar esos objetivos a la ONU el 31 de enero de este año, como fecha límite.

Es importante constatar, y así lo hace la presidencia española de la UE que afrontamos un nuevo escenario internacional donde las economías emergentes están adoptando decisiones para fortalecer las respuestas contra el cambio climático bajo la supervisión de Naciones Unidas. Pero son necesarios más avances y medidas más eficientes. Por eso, la Unión Europea debe volver a aportar su liderazgo en el contexto internacional de la lucha contra el cambio climático, utilizando para ello todas sus capacidades, construyendo políticas congruentes y buscando consensos.

Muchos países, en el seno de la ONU, están reclamando la creación de una organización internacional que ayude a coordinar los esfuerzos de los países para preservar el medio ambiente y con ello su eficacia. Es lo que se conoce ya como “mayor gobernanza ambiental”. Durante el semestre de presidencia española de la UE, tendrán lugar algunos encuentros que constituyen una buena oportunidad para avanzar en la mejora de esa “gobernanza ambiental”, a nivel mundial.

Desde la presidencia española se quiere que Europa lidere este nuevo camino de esperanza que se abre al planeta tierra y que, debemos asegurarnos, no se vuelva a cerrar jamás.

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Es hora de una Unión Económica Europea real

No acaba España de estrenarse en la presidencia de Europa y ya ha lanzado su propuesta estrella: avanzar decididamente hacia la Unión Económica. Y no se trata sólo de intenciones más o menos huecas,  ni de seguir realizando medias consensuadas, sino de una Unión Económica real y todo para salir de la crisis de manera conjunta, para que Europa tenga garantías de progreso frente a las grandes economías y la pujanza de los países emergentes y para que se pueda mantener el Estado del bienestar europeo.

Por eso este semestre de presidencia española de la UE está marcado por dos factores fundamentales que determinan el trabajo a realizar en estos seis meses: la crisis económica y el Tratado de Lisboa.

La crisis ha evidenciado muchas cosas, pero la más importante es que la globalización de los problemas exige la cooperación de los países y respuestas conjuntas. Ningún país de la UE duda hoy del acierto de consensuar una respuesta coordinada a la crisis y de que esa coordinación salvó al sistema financiero europeo.

Ahora, la principal tarea es salir de la crisis y la presidencia española apuesta por hacerlo también juntos. No sólo con medidas económicas consensuadas, de forma coyuntural, sino con un avance cualitativo y real hacia la Unión Económica Europea.

Y esta propuesta es compartida por el presidente permanente del Consejo Europeo y por el Presidente de la Comisión Europea. El presidente del Gobierno español dijo el pasado 7 de enero que “la prosperidad europea dependerá de la unidad con la que actuemos y de la competitividad de nuestra economía”.

Además y unido a ello, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que coincide con el semestre de presidencia española, abre ya una nueva etapa en la UE, con profundos e importantes cambios en su funcionamiento, cambios que ya han sido conocidos por los europeos como el nuevo esquema de Gobierno en la Unión, que responde a las sucesivas ampliaciones de los últimos años. Se pasó de 12 miembros a 15 y ahora a 27.

Pero con el Tratado de Lisboa, la UE refunda también la política exterior y de seguridad común, a la que debe incorporarse el concepto de “interés europeo”, que está vinculado a los intereses económicos de la Unión. Por lo tanto resulta evidente que los intereses económicos de la UE deben integrarse progresivamente en la política exterior común de la Unión Europea.

Unido a lo anterior, la presidencia española cree que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa debe servir también, y sobre todo, para extender los derechos y libertades de todos los ciudadanos de Europa, con prioridad los que se refieren a la  igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, impulsará durante este semestre un Plan de Igualdad y el debate sobre la violencia de género, cuestiones éstas en las que España es hoy un referente de gran peso para el resto de los países europeos.

Pero regresando al asunto económico, es de cajón que si la UE quiere ser competitiva y mantener su fortaleza económica ante EE.UU. y los países emergentes, debe avanzar hacia la Unión Económica real.

Una Unión Europea competitiva económica, industrial y tecnológicamente será capaz de continuar con garantías de progreso, esto es, manteniendo su “modelo de calidad de vida” y el Estado de bienestar al que los ciudadanos de Europa no renunciamos. Los 500 millones de ciudadanos y las miles de empresas tienen una gran capacidad de acción, si tienen un rumbo compartido.

Y es que la Unión Europea siempre ha traído progreso a los ciudadanos y fortaleza a los países que la integran. Los españoles lo sabemos bien ya que cada vez que se ha producido un avance de importancia en la Unión, todos los países miembros y sus ciudadanos se han visto beneficiados. Ningún europeo duda hoy día de que sin la Unión Monetaria, es decir, la implantación del  euro como moneda única, el efecto de la crisis financiera y económica sobre cada uno de los 27 hubiera sido mucho mayor.

Pero, ¿cuáles son los planes de la presidencia española para avanzar en la Unión Económica Europea? Lo más importante es que la presidencia española se ha fijado como gran objetivo para este semestre que la UE dé un avance cualitativo hacia la Unión Económica y propone hacerlo a través de: 

Políticas comunes coordinadas capaces de compartir objetivos y responsabilidades en política macroeconómica. Para ello habrá que debatir y acordar cómo exigir el cumplimiento de esos objetivos.

Una segunda pata sería profundizar en el mercado interior en tres ámbitos muy concretos: Energía, Mercado Digital, e Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). En Mercado Digital, España aboga por extender la Administración Electrónica a todos los países de la UE.

Por último, habría un replanteamiento de la eficacia de la estrategia de Lisboa que se basaba en un buen análisis y fijó buenos objetivos, pero carecía de los mecanismos para hacerlos efectivos, porque no había compromisos exigentes para los países. La presidencia española cree que eso debe cambiar, si la UE quiere salir fortalecida de la crisis y con un horizonte de progreso y pone como ejemplo que el Pacto de Estabilidad, que es exigible, ha dado buen resultado.

Pero los más euroescépticos se preguntarán, y no sin razón: ¿por qué va a ser posible ahora una Unión Económica, cuando no lo ha sido antes? Según fuentes del Gobierno a las que ha tenido acceso gacetilla, porque esta crisis financiera y económica global ha marcado un antes y un después y ha situado a todos los países ante un escenario nuevo que requiere nuevas respuestas.

Existen tres razones concretas que hacen más factible hoy avanzar hacia la Unión Económica.

En primer lugar, por la convicción de todos los países de la UE de que actuaron acertadamente cuando acordaron dar una respuesta coordinada a la crisis, porque esa coordinación salvó al sistema financiero europeo.

En segundo lugar, por la evidencia, tras esta crisis, de que la UE sólo podrá tener fortaleza política y prosperidad económica si puede ser competitiva ante economías como las de EE.UU., China y las de otros países emergentes. Y eso es algo que sólo se puede conseguir desde la Unión y no desde la individualidad de los países.

Y en tercer lugar, porque de hecho, estas reflexiones estén ya en los debates de la UE. No sólo España apuesta por más Unión Económica, también lo hacen otros países como Francia y, aunque con diferente graduación entre los socios europeos, lo cierto es que parece haber un clima favorable para este debate.

Pero esta presidencia de turno deberá vencer reticencias de sus socios y asegurar a todos que el interés europeo no es contrario al interés de cada país. Plantear el debate en esos términos es un error que esta crisis ha dejado muy claro. Ante el nuevo escenario que ahora se abre, la defensa del interés europeo será la mejor manera de defender el interés de cada uno de los 27 países miembros de la UE.

Aeropuertos para el siglo XXI

El pasado martes, día 12 de enero, el ministro de Fomento, José Blanco, explicó a sus señorías en el Congreso de los Diputados las líneas maestras del nuevo Modelo Aeroportuario que quiere implantar en nuestro país para que la navegación comercial sea más eficaz, más segura y todo ello con un menor coste ya que es España uno de los países de la UE donde el coste aeroportuario es más elevado. Se trata pues de racionalizar los medios de los que se dispone y de invertir para crear más medios allí donde realmente se necesitan.

El sistema aeroportuario actual tiene 20 años y el Gobierno cree que ha llegado ya la hora de adecuarlo a las transformaciones que se han producido durante todo ese tiempo. Y ¿qué se ha producido durante estos 20 años?, pues que el mercado se ha liberalizado y abierto sus puertas a distintas compañías aéreas, con aumento de las de bajo coste.

Se ha producido, además, la modificación del marco regulador de la Unión Europea, que determina una mejora continua de la seguridad, menos emisiones y una mayor integración y liberalización de los servicios de navegación, para alcanzar en 2012 lo que se ha denominado el Cielo Único Europeo.

Unido a esto, se ha constatado una sustancial mejora de las infraestructuras aeroportuarias españolas gracias a una inversión de 17.000 millones de euros en los últimos años y una mayor profesionalización de su personal que ha permitido obtener mejores resultados.

Y todo ello para hacer más competitivo en nivel y calidad de servicios y también en precios y para hacerlo más eficaz para los usuarios y además, crear empleo.

El nuevo modelo que el Ejecutivo quiere sacar adelante tiene tres importantes novedades: en primer lugar hay que recordar que AENA era una empresa pública y ahora serán dos, es decir, que AENA se mantendrá como responsable de la seguridad, competitividad y eficiencia del servicio de navegación aérea, pero se creará la nueva sociedad estatal “AENA Aeropuertos, S.A”, que asumirá la competencia de gestión de la red aeroportuaria estatal.

Se crea por tanto una nueva compañía con capital público. Pero, además, entra el capital privado en la nueva compañía, es decir, AENA Aeropuertos, S.A. podrá incorporar hasta un máximo del 30% de capital privado en su capital social.

Y unido a lo anterior, habrá una participación muy importante de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) que tendrán dos formas de participación. Por primera vez, participarán en la gestión de los grandes aeropuertos, a través de las sociedades filiales de AENA Aeropuertos, S.A y, además, la opinión de todas las CC.AA., tengan o no grandes aeropuertos en su territorio, será tenida en cuenta, a través de su participación en los comités aeroportuarios y los comités de rutas, que habrá en cada CC.AA. Es decir, que a partir de la entrada en vigor de este modelo tendremos, según el Gobierno, aeropuertos más modernos y eficaces.

Pero cómo quedará la nueva compañía y que competencias tendrá. Pues bien, según el plan del Ejecutivo, las principales competencias de AENA Aeropuertos, S.A. serán: la prestación de servicios aeroportuarios, la gestión y mantenimiento de las infraestructuras aeroportuarias estatales y el proyecto y ejecución de otras nuevas, la gestión de los bienes de dominio público o patrimoniales del recinto aeroportuario, incluidos sus servicios comerciales, la planificación estratégica comercial y de promoción y la propuesta del plan director, y, por último, la gestión de personal, la propuesta de los presupuestos y de los programas de inversión y la propuesta de aprobación de las tasas y prestaciones patrimoniales públicas.

Es muy importante señalar, y así lo hace Fomento, que la exigencia de mayoría cualificada hará que la participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones más importantes sea determinante.

Además de todo esto, el nuevo modelo prevé que en aquellos aeropuertos de alto volumen de tráfico y especial complejidad, siempre que se garantice su viabilidad financiera, se crearán sociedades filiales de gestión, con las mismas competencias que la sociedad AENA Aeropuertos, S.A. por lo que en sus consejos de administración participarán, además del Gobierno de España y la comunidad autónoma correspondiente, el ayuntamiento y la Cámara de Comercio que corresponda en función de la localización del aeropuerto. También se exigirá una mayoría cualificada para que estos consejos de administración puedan aprobar sus decisiones de mayor calado, tales como la propuesta de presupuesto, la aprobación inicial del Plan Director o la aprobación de precios privados.

Y qué es lo que el Gobierno prevé con todo esto, pues conseguir unas tasas de navegación más competitivas y racionalizar la organización del sistema de trabajo y retribución de los controladores aéreos, sin merma alguna de la seguridad que ha día de hoy está sin control alguno. El ministro José Blanco indicó, durante la presentación del nuevo modelo, que los controladores aéreos cobran, de media en España, 334.000 euros al año, aunque unos 160 de ellos ingresan más de 600.000 euros anuales y algunos reciben hasta 900.000 euros por horas extras. Blanco señaló que la figura del controlador aéreo desaparecerá de 12 aeropuertos pequeños, para reducir costes y serán sustituidos por un sistema automatizado supervisado por técnicos.

Hay que recordar que en la actualidad en este sector estratégico para la economía y el desarrollo de España trabajan 6.200 empresas y de él dependen 140.000 empleos directos y casi medio millón de indirectos. En los aeropuertos españoles durante el pasado año 2009 se transportó a 187 millones de pasajeros.