Ya lo dijimos aquí, en gacetilla, en una anterior ocasión con motivo de la huelga patronal de los agricultores: estamos en un país, donde los que hacen huelga no son los trabajadores, sino los empresarios. Un país que está intentando salir de una grave crisis económica, donde son los empresarios los que están constantemente exigiendo al Gobierno “soluciones” y no dudan en ir al paro para lograrlas. Es lo que se conoce ya como “patriotismo económico”.Una nueva huelga empresarial tenemos a las puertas, la del taxi. No la de los asalariados, sino la de los propietarios. Y todo a causa de un malentendido por parte de estos profesionales que temen que la denominada Ley Ómnibus les afecte directamente a su trabajo.
La ya popular Ley Ómnibus, de nombre real “Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres”, es el resultado de trasladar a la legislación española la Directiva Europea de Servicios, que modifica 47 leyes nacionales para la liberalización del sector servicios en España.
Efectivamente, señores taxistas, el artículo 21 de la Ley Ómnibus obliga a reformar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, pero ésta modificación no afecta de ninguna manera al sector del Taxi. Ya que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres es una ley de ámbito nacional y el taxi, por su naturaleza, se rige por normativa autonómica y local.
Señores profesionales no es cierto, y quien diga lo contrario miente, que un taxi de la localidad “A” vaya a poder operar en la localidad “B“ acogiéndose a esta norma, y, mucho menos, que nadie con su coche particular vaya a poder ofrecer servicios de taxi, o que el cliente vaya a tener que negociar las tarifas con los taxistas.
En definitiva, la Ley Ómnibus no afecta a las licencias de taxi ya que las autorizaciones seguirán rigiéndose por la normativa municipal y, en su caso, por la legislación autonómica. Así que se mantiene el cupo de autorizaciones de las localidades. Esta nueva norma no afecta a las tarifas de los taxis, sino que se mantienen los precios urbanos e interurbanos. Y tampoco afecta a las autorizaciones para el transporte interurbano de viajeros. Es decir, un taxi con una licencia de un municipio no puede recoger clientes en otro municipio diferente al que le ha otorgado la licencia.
Entonces, si esta ley no afecta a los taxis, se preguntarán queridos lectores, ¿para qué se saca ahora generando este conflicto y el paro de los taxistas?. Pues bien la respuesta es clara, la norma sale a la luz ahora porque Europa nos lo exige.
Y el lector pensará, y a quienes afecta esta ley. Concretamente al servicio de alquiler de vehículos con conductor, al eliminar las reglas de origen y destino en estos servicios, de forma que la autorización para prestarlos tenga validez en todo el territorio nacional. Esto supondrá un incremento del mercado, abriendo nuevas posibilidades y productos con especial incidencia en el turismo de calidad o en los servicios a empresa.
Dicho esto, por lo demás la normativa seguirá igual que ahora. Es decir, los titulares de coches de alquiler con conductor: continuarán sin tener los precios regulados, sino que seguirán pactando el precio entre las partes y no podrán recoger clientes ni en las paradas de taxi, ni por la calle.
En la categoría de coches de alquiler con conductor se encuentran, entre otros: alquiler de limusinas, vehículos en los aeropuertos para altos ejecutivos, vehículos de flota de empresas o vehículos para viajes organizados de un grupo reducido de personas.
Así que no nos liemos. El alquiler de coche con conductor ha sido siempre y sigue siendo un servicio distinto al del taxi. Así que debe de quedar muy claro que esta norma no supone otra cosa que la aplicación de la directiva europea en España, no liberaliza el sector del taxi, ni tampoco permite que un particular pueda ofrecer servicios de taxi sin licencia.
