Razones para abrir un debate sobre las pensiones

  El proyecto se aprobó el viernes 29 de enero, en Consejo de Ministros

Decíamos ayer en gacetilla que han sido muchas y variadas las voces en contra de la propuesta, presentado tras el Consejo de Ministros del pasado viernes 29 de enero, para  reformar del Sistema de Pensiones español, pero también existen y han existido voces a favor de abrir este debate que llegan en forma de estudios y análisis que ven peligrar nuestro sistema de pensiones sino se acometen reformas de fondo ya.

El Gobierno señala que aunque las pensiones están aseguradas a corto y medio plazo, se deben acometer reformas si queremos mantener el sistema a largo plazo. Zapatero ya ha dicho ante los suyos que no “tengo miedo al debate de las pensiones, a pesar de que podía haberlo dejado y que lo abordara el gobierno que esté en 2020.”, pero que lo hace ahora por una  cuestión de responsabilidad. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, por su parte, ha pedido a los grupos políticos “menos críticas y más aportaciones al debate” sobre la reforma del sistema de pensiones, y ha remarcado que la propuesta es un punto de partida para la búsqueda de acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo.

Una de las voces que en enero de 2001 alertaba sobre el peligro que suponía la actitud de “complacencia” de la sociedad española sobre la situación del Sistema de Pensiones era el hoy ministro de Industria, Miguel Sebastián, entonces director del Servicio de Estudios del BBV, quien firmo un artículo junto a otros profesores y analistas alertando del peligro de no enfrentarse a los posibles cambios y modificaciones de un sistema de pensiones que podría quebrar si mantenía la actual estructura. Ver artículo en El País.

Decía el artículo que “el debate público existente sobre la renovación del Pacto de Toledo, que ha de establecer las bases futuras del sistema, no está siendo lo suficientemente intenso. En ciertos ámbitos se piensa que el Pacto de Toledo de 1995 y la expansión económica de los últimos años han resuelto definitivamente el problema”.

Para el hoy ministro y el resto de los firmantes, “esta visión complaciente es completamente errónea por tres razones: I) el superávit actual ha sido el resultado de un cúmulo de circunstancias que difícilmente se van a repetir en el futuro, II) las medidas acordadas en el Pacto de Toledo no han servido para controlar el aumento del gasto en pensiones, y III) la evolución del gasto a largo plazo sigue siendo tan preocupante, sino más, que hace cinco años”.

Y aunque ahora hayan puesto el grito en el cielo, el PP también hablaba ya durante el Gobierno de Aznar, de la necesidad de modificar el Pacto. Así tras recibir diversos estudios, sobre todo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) que apostaba por elevar a toda la vida trabajada el cómputo para calcular las pensiones con el objetivo de garantizar la viabilidad del sistema, el Ejecutivo conservador, que con elecciones a la vista (2004) no quería “mover ficha”, aseguraba por aquel entonces que la futura ampliación se haría de forma progresiva con lo que las consecuencias sobre la cuantía de la pensión serán menores, pero nunca se hizo.

Otro ex, ya recolocado, Rodrigo Rato, ex ministro de Aznar, ex presidente del FMI y actual presidente de Caja Madrid presidió una comisión promovida por la patronal de seguros Unespa y en la que estaba también el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray y ex secretario general de CCOO, José María Fidalgo, entre otros, señalaba que había que realizar reformas profundas en el sistema de pensiones, entre ellas alargar la edad real de jubilación. Junto a esto proponía eliminar los incentivos a las prejubilaciones.

En las conclusiones Rato afirmaba que aunque “merece la pena” conservar el sistema de pensiones español, habrá que hacer una serie de reformas que tienen que partir de un “debate amplio” y hacer frente a las debilidades  

Y este debate, el que no se atrevió a abrir en su momento el PP por temer las reacciones antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2003 y las generales de 2004, que perdieron, es el que ahora  pretende abrir el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y para ello ha puesto las cartas encima de la mesa.

El Gobierno presentará a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo un documento con propuestas de reformas sobre el sistema de pensiones, para que pueda ser analizado y debatido en sede parlamentaria por todos los grupos políticos. A la vez, el Ejecutivo trasladará también estas propuestas a la Mesa de Diálogo Social, para contar con el parecer de sindicatos y empresarios

La propuesta del Ejecutivo, asegura, tiene un doble objetivo, por un lado Garantizar las pensiones del futuro, y por otro, hacerlo con el mayor consenso político y social.

Como ya se señaló en gacetilla (ver crónica), el documento aprobado por el Gobierno ofrece un conjunto de medidas para, según el Ejecutivo, garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Además, el mensaje del Gobierno es muy claro: en este momento, la sostenibilidad del sistema de pensiones está plenamente garantizada hasta dentro de 30 años.

Entonces ¿por qué las prisas?, se preguntarán ustedes queridos lectores. Pues según el Gobierno por “responsabilidad”.

Para el Ejecutivo, si queremos que, dentro de 30 años, se puedan seguir percibiendo pensiones en España, hay que introducir las reformas precisas en el sistema. El Gobierno sabe que la propuesta de ampliar hasta los 67 años la vida laboral suscitará, sin duda, polémica. Pero, asegura, no se puede cerrar los ojos a la realidad que nos muestra los datos de evolución de la población en España.

Y estos datos son contundentes: A finales de 2009, por cada pensionista había 2,59 cotizantes a la Seguridad Social, las previsiones de la Comisión Europea para 2050 son: por cada pensionista habrá 1,33 cotizantes.

En 2049, España tendrá 48 millones de personas si continúan las tendencias de crecimiento actuales, según las proyecciones de población para el periodo 2009-2049 publicadas por el INE. En 2049 habrá aumentado la población respecto a 2009 en 2,1 millones de personas, sin embargo el crecimiento demográfico será cada vez más decreciente llegando a ser del 0,1% al final del período.

Por grupos de edad, los mayores de 64 años se duplicarán siendo el grupo de edad que más crecerá, ya que pasará a ser el 31,9% de la población total española, lo que producirá que el proceso de envejecimiento a largo plazo sea cada vez más acelerado y por tanto, la Tasa de Dependencia se multiplicará por 2,5 pasando del 24,6% actual al 60,6% en el año 2049. Al contrario que el grupo de edad de los más mayores, la población entre 16 y 64 años, disminuirá en casi 6 millones de personas.

La esperanza de vida al nacer se incrementará en 5,8 años para los hombres, alcanzando en 2049 los 84,3 años, y en 6,5 años para las mujeres, alcanzando en 2049 los 89,9 años. A comienzos del siglo XX, la esperanza de vida no llegaba a los 40 años. Por lo tanto, aumentará la esperanza de vida de las personas, además se duplicará la población de mayores de 65 años, lo que significa que habrá más pensionistas y que vivirán más años.

Podemos decir que la disyuntiva que se nos plantea es clara: ¿Qué es mejor, trabajar dos años más o arriesgarnos a que, dentro de 30 años no haya pensiones? La respuesta, al menos para el Gobierno, parece clara.

Vídeo TVE, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defiende la reforma y la secretaria de organización, Leyre Pajin, pide aprotaciones al debate

El PSOE defiende la reforma de las pensiones

Vídeo EP, El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo,  critica la reforma.

 

Vídeo de EFE, la vicepresidenta Elena Salgado señala las razones para una reforma de las pensiones.

Las nueve reformas al Sistema de Pensiones

Menuda se ha liado mediáticamente tras el anuncio de ayer del Gobierno de su intención de modificar la edad de jubilación que actualmente está en los 65 años y elevarla, según algunos analistas, a 67. Desde todos los estamentos de la sociedad se han levantado voces y hasta gritos a favor y en contra de estas reformas que el Ejecutivo considera imprescindibles. La medida, que hoy será estudiada en Consejo de Ministros, tiene como objetivo, según el Gobierno, salvaguardad para el futuro el Sistema de Pensiones español.

El Ministerio de Trabajo, que preside Celestino Corbacho, lleva tiempo realizando estudios sobre el futuro del Sistema de Pensiones español a medio y largo plazo y se ha constatado que es necesario realizar cambios en el mismo para garantizar sus sostenibilidad a largo plazo, y lo hace con responsabilidad de Gobierno, en un momento en el que el sistema de pensiones tiene la situación financiera más sólida de toda su historia, con una Seguridad Social en situación de superávit.

Pero cuáles son las reformas más importantes que propone el Gobierno y que saldrán del Consejo de Ministros de hoy viernes. Según ha podido saber gacetilla, nueve serán los cambios más importantes en el Sistema de Pensiones:

1. Incentivar la prolongación de la vida laboral, favoreciendo y estimulando de este modo que los trabajadores que quieran continuar con su actividad profesional más allá de la edad legal de jubilación puedan hacerlo.

2. Frenar la jubilación anticipada.  Se trata de poner freno a que se recurra a la fórmula de jubilación anticipada en nuestro país de la que tanto se ha abusado.

3. Ampliar la edad de jubilación, la propuesta es aumentarla paulatinamente dando opción a los cotizantes a modular el proceso con sus decisiones.

4.   Modificar el cálculo de la pensión. Se establecerán procedimientos de cálculo de la pensión de jubilación (bases, periodos) que garanticen mejor la correspondencia entre cotización y prestación, evitando perjuicios a los trabajadores despedidos al final de su vida laboral.

5. Modificaciones en la incapacidad temporal. Se mejorarán los controles sobre la incapacidad temporal Siempre que sea posible, se intentará recolocar a los trabajadores que estén temporalmente incapacitados para su profesión habitual  en otras tareas que sí puedan desempeñar.

6. Disminuir costes burocráticos y de gestión. Se pretende conseguirlo, a través de la integración de diferentes servicios administrativos en una Administración Española de Seguridad Social y culminando la separación de las fuentes de financiación entre el nivel contributivo y el no contributivo

7. Modificar las pensiones de viudedad y orfandad, mejorando la protección a las personas viudas que estén en situaciones vulnerables, e  incrementar el papel de las pensiones de orfandad. Todo ello, adaptando  la acción protectora a la nueva situación social y laboral de las mujeres y las familias españolas.

8. Mejorar la vida laboral. Eso supone incentivar la mejora de la vida laboral. Y la protección de las mujeres y de otros colectivos

9. Ampliar la complementariedad de la previsión social, es decir, se podrá compaginar el cobro de una pensión con el desarrollo de alguna actividad remunerada, en determinadas condiciones.

Durante todos los años de gobierno del presidente Zapatero las reservas aportadas al Fondo de Pensiones han ido aumentando, unas reservas que hoy se sitúan en 60.000 millones de euros y que el Gobierno ha ido provisionando año tras año, desde 2004 y que se incrementará en otros 2.000 millones en las próximas semanas, con o que se alcanzará ya la cifra de 62.000 millones de euros. Por poner un ejemplo comparativo, recordar que el último gobierno del Partido Popular dejó este Fondo de Pensiones en 15.000 millones de euros, 47.000 menos que los que hay actualmente, más del triple. Con estos datos el Gobierno señala que las pensiones están plenamente aseguradas en España y no tienen ningún riesgo a medio plazo

Los hechos han demostrado que asegurar y mejorar las pensiones es una de las señas de identidad más inequívocas de este Gobierno desde su primer día. Desde que el Ejecutivo socialista alcanzó el poder hasta ahora, ha sido el que más ha subido las pensiones mínimas, y las ha mantenido siempre por encima del IPC, incluso en plena crisis, Y, año tras año, ha hecho la mayor aportación hasta ahora, al Fondo de Reserva de las Pensiones, desde que existe.

Y por qué se plantean entonces estas reformas ahora, reformas que, por otro lado, pueden que sean acogidas con reticencias por parte tanto de trabajadores como de empresarios. Según las fuentes consultadas por gacetilla, para garantizar que la buena situación actual se mantenga en el futuro, es decir, por responsabilidad de Gobierno. El Ejecutivo considera que hay una realidad que hace necesario introducir cambios ahora, para no tener problemas en el futuro y es que la esperanza de vida de los españoles ha crecido en los últimos decenios hasta el punto de que España es hoy día el país con la esperanza de vida más alta del mundo por detrás de Japón. Y esto, que es algo muy positivo, se traduce también en que vamos a tener cada vez más pensionistas que percibirán pensión durante más años.

     

Ahora, tras el Consejo de Ministros, la propuesta será sometida a debate y negociación con los grupos políticos integrantes del Pacto de Toledo y con los agentes sociales (sindicatos y empresarios). Habrá que ver cómo queda finalmente. Esperemos, por el bien de todos, que el debate sea sereno y realista y que de él no salga más munición para ser utilizada por los oportunistas de siempre.

Una Europa de trabajadores cualificados y con derechos

Frente a la mano de obra barata que algunos ven con muy buenos ojos, la presidencia española de la UE apuesta por incrementar la competitividad europea, aumentando la cualificación profesional de los trabajadores sin merma de sus salarios, ni de sus derechos laborales. Ésta es la propuesta, según ha podido saber gacetilla, que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha hecho a sus homónimos europeos dentro de la reunión informal de ministros de Trabajo que, bajo la Presidencia española de la Unión, se desarrolla hasta el próximo viernes 29 de enero, en Barcelona.

En dicha reunión se debaten, además, las propuestas para mantener y crear empleo en la UE, a corto y medio plazo, que habrán de incorporarse en la “Estrategia 2020”. La concreción de todas estas medidas se abordará en el Consejo de Ministros del próximo mes de marzo, en Bruselas.

La propuesta de mejorar la formación de los trabajadores para que tengan la más alta cualificación profesional se pone sobre la mesa en esta reunión de Barcelona porque la Presidencia española considera que es uno de los elementos fundamentales para aumentar la tasa de empleo, mejorar la calidad de los puestos de trabajo, mantener la empleabilidad de los trabajadores a lo largo de toda su vida profesional y favorecer su movilidad. Para avanzar en la concreción de iniciativas en este sentido, se celebrará una conferencia internacional específica sobre esta cuestión, el próximo mes de abril, en la ciudad de Barcelona.

¿Y qué es eso de la empleabilidad?, pues bien con este palabro, acuñado  por los expertos en Recursos Humanos, de designa al potencial que tiene determinado individuo en ser solicitado y deseado por la empresa y a su capacidad para obtener la máxima rentabilidad de su perfil.

Europa no debe ni puede basar su capacidad de competir frente a terceros en los costes laborales, sino especialmente en cambiar su modelo productivo y en tener en sus empresas a los trabajadores más y mejor cualificados. Porque el Gobierno español está convencido de que unos recursos humanos de la máxima competencia profesional son uno de los principales motores del crecimiento y la garantía de empleos estables y de calidad.

Es necesario pues, asegura el Ejecutivo, anticiparse a las necesidades del mercado laboral; por ello la Presidencia española defenderá que Europa debe ser capaz de anticiparse a la evolución de las necesidades del mercado de trabajo internacional y de formar los mejores profesionales para atenderlas y para ello, propondrá destinar equipos y esfuerzos a identificar las nuevas posibilidades de empleo y actividad en el mercado laboral.

No se trata, y así lo han explicado a gacetilla las fuentes consultadas, de construir una Europa más competitiva en costes laborales, sino en valor añadido, en innovación y en cohesión social. La Presidencia española apuesta decididamente por el fortalecimiento del modelo social europeo y de los sistemas y medidas de protección social e inclusión. Y propone al resto de países miembros hacerlo en el conjunto de la UE.

El objetivo de la Presidencia española en esta materia es promover un mayor esfuerzo conjunto de los países miembros, para afrontar los retos del empleo, en el nuevo escenario económico internacional en el que nos ha situado a todos la crisis económica. Un escenario en el que Europa necesita ser más competitiva, si quiere poder medirse con otras grandes economías como las de China, EE.UU. y las de los países emergentes.

Por lo tanto, el reto que se presenta es combatir el desempleo, especialmente el juvenil y el femenino que son los sectores de población mayoritariamente afectados, crear más puestos de trabajo, anteponer el valor añadido al beneficio a corto plazo y, sobre todo, pensar en términos de sostenibilidad económica y laboral.

En definitiva, se trata de conseguir volver a crear puestos de trabajo y esa mayor competitividad que necesita la UE, para seguir creciendo económicamente y sostener el Estado de Bienestar europeo, sin menoscabo de la calidad de nuestro empleo, ni de derechos laborales. En este sentido, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, señaló que el encuentro servirá para “sentar las bases"” de las políticas europeas en materia de empleo con horizonte 2020.

100 propuestas para un consenso sobre Educación

En su afán por alcanzar un amplio consenso en un asunto tan importante para España como es el de la Educación de nuestras hijas e hijos, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha presentado hoy miércoles a los consejeros de todas las Comunidades Autónomas un documento con más de 100 medidas y acciones concretas para establecer un “Pacto Social y Político por la Educación en España”. La oferta de este pacto, según ha podido saber gacetilla, obedece a un mandato del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El “Pacto Social y Político por la Educación” recoge propuestas de todas las comunidades autónomas y agentes educativos, y ofrece una mayor flexibilidad en el Sistema Educativo Español que permita fomentar el éxito escolar, modernizar y mejorar el sistema y situar al profesorado en el corazón de la Educación. El Gobierno pide un compromiso de financiación ambicioso, independientemente de quién gobierne en cada momento. Junto a esto se busca la estabilidad normativa para la Educación española, unida a un mayor número de becas y ayudas. Y todo para dejar la Educación al margen de la confrontación política partidista y responder a la demanda de los ciudadanos.

El objetivo es flexibilizar el sistema para lograr una formación más cualificada y universal. Y ¿por qué?, pues porque diversos estudios internacionales indican que en 2020 sólo el 15% de los empleos serán para personas sin cualificación. Y por eso el 85% de los ciudadanos necesitarán un título académico.

El Gobierno quiere hacer compatible la equidad y la excelencia para impulsar el sistema educativo. Por eso, aseguran, este pacto es ahora más necesario que nunca, y es que en una coyuntura como la actual en la que la formación debe ser la solución para salir de la crisis, es muy importante para el país que la Educación esté en el corazón mismo de la Economía, ya que la hace sostenible. El Ejecutivo pretende que se den pasos para que en 2020 todas las personas de entre 0 y 18 años estén cursando estudios. Unos en Formación Profesional (FP), otros en Bachillerato, y otros combinando formación y empleo.

Desde el Ministerio de Educación se pretende que este pacto sea fruto de un gran acuerdo entre las distintas autoridades educativas. Así, las comunidades autónomas, que son las competentes, son copartícipes del diálogo y el consenso. Desde el Gobierno se señala que si como consecuencia de este pacto por la Educación hubiera que realizar modificaciones normativas en la Ley Orgánica de Educación, “serán acordadas y consensuadas entre todos”. En el Ejecutivo tienen muy claro que el pacto educativo no debe basarse en la reiteración, sino en cambiar las cosas y en sumar a la normativa actual a aquellos que no estaban de acuerdo con ella.

También se ha sabido hoy que será la Conferencia Sectorial de Educación el órgano encargado del seguimiento permanente de las medidas y acciones concretas.

Pero, ¿cuáles han sido estas medidas?, pues bien, según ha podido saber gacetilla, las 12 principales medidas ofrecidas hoy miércoles a las comunidades autónomas han sido:

1.- Situar al profesorado, al alumnado y a la familia en el centro del sistema educativo y dotar a los docentes con una mayor seguridad jurídica, más recursos y mejores condiciones laborales.

2.- Que cualquier modificación normativa básica en el marco educativo deberá ser aprobada por dos tercios del Parlamento.

3.- Destinar el 0,2% del PIB a becas universitarias en 2015.

4.- Desarrollar un ambicioso programa de becas y ayudas de tal forma que el 50% de los estudiantes de Bachillerato y FP tengan una, y el 30% de universitarios también.

5.- Ampliar la educación infantil de 0 a 3 años.

6.- Establecer una Educación Secundaria Obligatoria que ofrezca más posibilidades de éxito a los estudiantes. El cuarto año de ESO será de orientación. Los jóvenes podrán escoger entre un curso orientado al Bachillerato o a la Formación Profesional. Pero ambos tendrán asignaturas comunes y obtendrán el mismo título de Graduado.

7.- Flexibilizar el acceso a la Formación Profesional, así como el paso entre ésta y la universidad.

8.- Impulsar programas de ayudas a jóvenes y empresas para permitir a los menores de 24 años que no hayan completado su formación que lo hagan.

9.- Impulsar la política de evaluación nacional con una prueba en sexto de Primaria y otra en tercero de ESO.

10.- Promover, reconocer e incentivar la cultura del esfuerzo, la exigencia y la responsabilidad personal.

11.- Avanzar en el nuevo modelo universitario basado en la excelencia y la agregación, la Estrategia Universidad 2015 y en un nuevo modelo de financiación.

12.- Ampliar los programas de enseñanza de idiomas.

Esperemos que por una vez el principal partido de la oposición contemple una política de Estado y sea capaz de consensuar un asunto tan importante como el de la Educación de nuestros niños y jóvenes. Dos importantes mujeres, la norteamericana Helen Keller y la española Josefina Aldecoa, han coincidido en sus reflexiones al afirmar la primera que “el resultado más elevado de la Educación es la tolerancia” y corroborar la segunda pidiendo a la sociedad: “Educad a los niños. Educadlos en la tolerancia, en la solidaridad. Transmitirles lo más importante que tenemos: la herencia cultural.

PP: almacenes nucleares, depende

Almacén holandés de Habog, en el que se basará el ATC español

Si hay un partido que apuesta claramente por la energía nuclear, ése es el PP, pero si hay un partido al que no le gusta que los residuos nucleares estén cerca de “su casa”, ése también es el PP y si no, no se entiende que quieran expedientar a los alcaldes que votan a favor de ubicar en sus pueblos el nuevo almacén de residuos nucleares, como ha dicho la secretaria del partido conservador María Dolores de Cospedal, tras la decisión en ese sentido del alcalde del PP en la localidad de Yebra, (Guadalajara), que junto con la tarraconense de Ascó han optado al “concurso” para acoger el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC).

Desde antes de su llegada al Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se ha opuesto claramente a la energía nuclear y ha apostado por otro tipo de energías renovables y sin embargo, en su responsabilidad de Gobierno, considera que el almacenamiento de residuos radioactivos que ya hemos generado es una realidad que hay que afrontar. Todas las sociedades desarrolladas afrontan la solución de los residuos que generan, sean del tipo que sean. Por ello, el Gobierno ha propuesto una solución idéntica a la que actualmente utilizan los países más desarrollados del mundo, el denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos.

Esta actitud no es nueva, en diciembre de 2004 todos los grupos votaron a favor de una resolución por la que se insta al Gobierno a la construcción de una ATC para los residuos nucleares que generan nuestras centrales. Actualmente en España existen ocho almacenes temporales porque las centrales nucleares existentes tiene el suyo propio y, además, está en funcionamiento el centro de El Cabril, en Córdoba, al que también se envían residuos procedentes de tratamientos hospitalarios. Pero estos almacenes están ya al límite de su capacidad.

En la actualidad y desde el año 1984, una parte importante de los residuos radioactivos se envía a Francia, lo que supone un coste total para el Estado español de 575 millones de euros, cantidad que se calcula del pago desde ese año 1984 hasta el 31 de diciembre de 2010. Y se ha calculado a diciembre del 2010, porque el Gobierno francés ha aprobado una Ley por la que prohíbe el almacenamiento de residuos nucleares de terceros países en su territorio a partir del 1 de enero de 2011, pero además penalizará con el pago de 60.000 euros diarios a aquellos países que no hayan retirado los residuos que tengan en su territorio.

Es decir, que a partir del 1 de enero de 2011 no sólo no podremos enviar más residuos a Francia, si no que el Estado español pagará 60.000 euros diarios de penalización, que son casi 10 millones de las antiguas pesetas al día, por los que tenga allí en ese momento. Este dinero será devuelto prácticamente en su integridad en el momento en que los residuos se retiren del país vecino.

Pero queridos lectores, 60.000 euros al día es mucho dinero. Con 60.000 euros diarios se pagan, por ejemplo, 2.369 pensiones en un día  -759,86 euros/mes de pensión media en diciembre de 2009- o  2.842 Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) en un día -633,3 euros/mes de SMI para 2010-, o 1.059 salarios medios en un día -el salario medio en 2007, último dato disponible según la Encuesta de Estructura Salarial, fue de 1.699 euros/mes-.

Pero comprendiendo las reticencias, hay que señalar que un ATC de residuos radioactivos no es un cementerio nuclear porque, como su propio nombre indica es temporal, hay una gestión permanente del material y se pueden realizar cuantas inspecciones se quiera para conocer el estado del material. Es por ello que el Gobierno ha optado por la construcción de un Almacén Temporal Centralizado que permitirá una mejor gestión de los residuos radioactivos de alta actividad porque son vigilados en todo momento y pueden ser rescatados para un futuro proceso y tratamiento conforme a técnicas más avanzadas que son hoy objeto de investigación. Sólo los países más desarrollados como Alemania, Bélgica, EE.UU., Rusia, Francia, Holanda, Japón, Reino Unido, Suecia y Suiza tienen este sistema porque es el más seguro y el más costoso.

El Gobierno ha calculado, según ha podido saber gacetilla, que el almacén podría estar operativo en 2014.

Pero qué es un ATC. El Almacén está diseñado para asegurar la ausencia de impacto sobre el medioambiente y sobre las personas y el diseño genérico ya ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear y tiene unas características similares al almacén holandés de Habog, que es el modelo en el que se ha basado el ATC español. El aislamiento del combustible gastado se basa en un sistema de tres barreras contrastado en todo el mundo. La triple barrera incluye una cápsula de acero inoxidable, un tubo de almacenamiento de acero inoxidable y una estructura de hormigón de gran espesor. Esas barreras, aseguran los expertos en la materia, son impenetrables por las radiaciones. 

El Gobierno ha querido que sean los propios ayuntamientos quienes decidan si quieren o no tener en su localidad este almacén y ha propuesto una serie de compensaciones para quien al final resulte elegido. Ya en diciembre de 2009 el Gobierno abrió una convocatoria para el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado y la elección del municipio que albergará el ATC se hará a partir de una candidatura voluntaria presentada por el propio municipio interesado y siempre consensuada entre administraciones, sindicatos, organizaciones empresariales y vecinos, todo lo contrario de lo que propone el PP que quiere que la ubicación del almacén sea impuesta por el Gobierno, “para no generar tensión”.

La instalación de la ATC en un municipio incluye junto al almacén la construcción en dicho municipio de un centro tecnológico asociado y un parque empresarial. La construcción del almacén supondrá una inversión total de unos 700 millones de euros y generará más de 300 empleos directos con algún periodo en el que trabajarán unos 500 trabajadores.

Una vez finalizada la construcción, necesitará 150 empleos entre titulados superiores, técnicos, operarios y administrativos, incluyendo el personal investigador del Centro Tecnológico. Y además, el municipio y los de su entorno recibirán anualmente 6 millones de euros durante 60 años, a los que se sumarán un máximo de cofinanciación del 30% para proyectos de inversión y desarrollo del medio ambiente llegando a poder recibir cada año 1,8 millones de euros adicionales.

Se trata de una cantidad económica muy importante, pero sobre todo se trata de resolver una necesidad imperiosa que tenemos como país y que, una vez más, debería haber sido objeto de consenso entre las dos fuerzas mayoritarias en un tema tan delicado. Curiosamente una vez más, quien apuesta por este tipo de energía es siempre quien más problemas pone a la hora de solucionar qué hacer con los residuos que genera.

Inmigración, el salto mortal del PP

Desde las filas del PP se sigue considerando "el asunto de la inmigración" como un importante nicho de votos, teniendo en cuenta los discursos lanzados por sus prohombres en los últimos días desde que salieron a la palestra los caso de Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardóz, en Madrid.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha pedido un debate amplio en España sobre el problema de la inmigración, sobre todo ahora que la crisis económica ha provocado “cambios tan profundos” en la sociedad en materia de empleo y de integración. Además, ha culpado de lo que está pasando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por su “falta de políticas de Estado” en materia de inmigración.

Ya ha recibido respuesta desde la filas socialistas, que califican de descabellada la posición del PP en esta materia. El mismísimo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha acusado, en declaraciones a la cadena SER, al partido conservador de utilizar el debate sobre la inmigración con fines partidistas y tiene razón el ministro, porque en este asunto de la inmigración el Partido Popular tiene más papeletas para callarse y respetar la ley que ellos mismos han elaborado y no andar sembrando otras ideas y dando saltos mortales que podría traer consecuencias imprevisibles.

Pero dejando a un lado la incongruencia del líder de la oposición que se opone a sus propias leyes y normas (ver enlace), y que en siete años en el Gobierno tras haber aprobado una norma sobre empadronamiento, tan mala según ellos, no modificaron ni una coma. Hace ahora tres meses, se aprobó en el Parlamento de España la nueva Ley de Extranjería y el PP no presentó ninguna iniciativa ni enmienda para cambiar la obligación de los Ayuntamientos de empadronar a los inmigrantes, estén o no en situación legal.

¿Y por qué?, pues porque el PP sabe, como el resto de los alcaldes de este país, que el padrón no legaliza a los inmigrantes en situación irregular. Y, entonces, se preguntarán queridos lectores ¿por qué el PP quiere forzar está polémica introduciendo confusión?, y, además, lo hace cuando la política de inmigración del Gobierno de Zapatero está produciendo resultados positivos y está haciendo disminuir la inmigración irregular en España. Eso habrá que preguntarlo en Génova.

El partido conservador sabe perfectamente que el padrón es un registro administrativo que no tiene consecuencia jurídica alguna por lo que un inmigrante que se encuentre en España en situación irregular seguirá estando en esa situación aún cuando esté empadronado.

Eso lo sabe el PP, pero ustedes sí se pueden preguntar la razón por la que se les empadrona si permanecen en situación irregular, pues porque los Ayuntamientos necesitan saber cuánta población tienen para disponer los medios que precisan para prestarles servicios ya que si no pueden justificar a cuántas personas atienden, no pueden reclamar los fondos para costearlos y, además, porque si un inmigrante no está empadronado no le pueden asignar ni médico de cabecera, ni plaza escolar para sus hijos, ambos derechos recogidos en La Constitución.

Y el PP, y Rajoy a la cabeza, quiere no contabilizar a los inmigrantes en situación irregular y eso conduce a la conocida “política del avestruz”, dar la espalda a la realidad, porque los inmigrantes no dejan de estar ahí porque no se les contabilice.

La política de inmigración de este Gobierno de Zapatero, llevada a cabo en las dos legislaturas por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumi, ha sido clara y ha tenido tres pilares.

El primero, contar con una inmigración legal y ordenada, vinculada a contrato de trabajo, acordada con todos los agentes sociales y respaldada por el Parlamento. Frente a esto hay que recordar que el partido conservador en su etapa de Gobierno legalizaba inmigrantes con un abono transporte y con facturas de agua o luz.

El segundo pilar es impulsar una política de inmigración común en la UE y establecer una línea de ayuda y cooperación con los países de origen. Hay que destacar que la UE ha hecho suya la iniciativa española y hoy existe un Pacto de Inmigración y Asilo con políticas comunes. También se debe recordar para los olvidadizos que en 2008 España ha repatriado inmigrantes ilegales de 29 nacionalidades.

El tercer pilar que hay que destacar es la creación por parte del Gobierno de España de un fondo para la integración de inmigrantes destinado a que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan prestarles servicios sociales. Fondo anual que si en 2004 era de siete millones de euros en 2009 es ya de 200 millones de euros.

Pero además, y aquí está clara la demagogia del principal partido de la oposición, es que una de las razones por las que ha sido necesario aprobar una nueva Ley de Extranjería en octubre del año pasado es porque la que había sido aprobada por el PP en el año 2000, era inconstitucional en distintos e importantes aspectos de su articulado. Así lo dijo el Tribunal Constitucional. Y esa situación obligaba a reformar la Ley.

La realidad es que los hechos son tozudos. La llegada de inmigrantes irregulares en embarcaciones ha disminuido drásticamente. En 2008 fue menos de la mitad de la que hubo en el año 2003 y un 25% menos que en 2007. Un ejemplo, la llegada de cayuco a Canarias ha disminuido en un 71%, desde 2006.

Se puede asegurar, y así lo señalan fuentes del Ejecutivo a gacetilla, que la inmensa mayoría de los inmigrantes que hoy viven en España están en situación legal, trabajan, tienen sus derechos y cumplen con sus obligaciones. Recordar que actualmente hay casi dos millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de los que 1.200.000 son extra comunitarios.

Unido a lo anterior hay que destacar que a diferencia de lo que ocurría con el gobierno del PP, España puede hacer ahora repatriaciones, como consecuencia de haber establecido líneas de ayuda y cooperación con los países de origen. En 2007, España repatrió a casi 56.000 inmigrantes en situación irregular y en 2008, a otros 46.500, debiéndose esta disminución de repatriaciones a la menor llegada irregular de inmigrantes a España.

Y ello sin olvidar que España está expulsando a los delincuentes extranjeros que comenten delitos graves. En su primer año de funcionamiento la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros (BEDEX), ha expulsado ya a 7.591 delincuentes reincidentes. Estas expulsiones son ordenadas judicialmente y conllevan la prohibición de entrada en España y en los países miembros de Schengen, durante varios años.

El ministro Corbacho ha culpado al principal partido de la oposición de tratar de confundir al mezclar las regulaciones en este debate y tiene razón. El PP, desde que José Luis Rodríguez Zapatero llego a la Moncloa, está realizando una oposición oportunista olvidando que hay asuntos, como la inmigración, que deben ser tratados con menos ligereza política y más política de Estado. Quizá el líder de la oposición es un fiel seguidor de Maquiavelo y piensa que es necesario ser un gran simulador y disimulador ya que “los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar”.

Economía, Energía, Investigación y un gran Pacto Social europeo, ejes de la presidencia española de la UE

Una vez escuchado el discurso del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el Parlamento Europeo realizado hoy miércoles, 20 de enero, para presentar el programa de la Presidencia española de la UE, lo que debemos hacer es un análisis del mismo e intentar explicar a nuestros lectores lo mejor posible las claves de esta presidencia, que aquí, en gacetilla, ya hemos apuntado en post anteriores.Pulsa aquí, o aquí.

Lo primero que tenemos que señalar es que el presidente del Gobierno de España ha propuesto una Europa que sea capaz de “apostar por sí misma”, es decir, Zapatero plantea propuestas para la nueva etapa de la Unión que se abre en este semestre de renovación y cambios, entre ellos una “Gobernanza” económica europea y un gran Pacto Social Europeo.Ver vídeo de TVE.

Pero qué es exactamente lo que España propone hacer durante su Presidencia europea para responder a los desafíos a los que se enfrenta la Unión. Como gacetilla ya adelantó, estamos en un semestre de renovación en el que la UE debe afrontar un importante proceso de cambios. Cambios en lo económico, como consecuencia de la crisis, en lo político, en las instituciones europeas, por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Cambios en las relaciones exteriores de la Unión, como consecuencia de la globalización y cambios de la relación que la Unión Europea debe tener con la ciudadanía europea, para cumplir lo dispuesto en el Tratado de Lisboa.

Bien, una vez conocidos estos procesos, vamos a conocer las propuestas. En lo económico, la situación de Europa en la que nos encontramos es la crisis más profunda de los últimos 80 años, que ha causado en el mundo y, por supuesto, en Europa efectos graves, con ocho millones de desempleados, muchos de ellos, en España.

Unido a todo esto, se ha producido un efecto negativo en las cuentas públicas y en la estabilidad financiera que hace vislumbrar cambios en la economía europea, en la capacidad productiva y en la mejora de la competitividad de toda la Unión (nunca hasta ahora había descendido tanto la producción y el comercio internacional).

Entonces, cuáles son las propuestas del Gobierno español. Bien, Zapatero ha propuesto seguir manteniendo los estímulos fiscales, hasta que la recuperación sea una realidad. Unido a ello pretende buscar el compromiso de los 27 para mantener el Pacto de Estabilidad, que ha dado tan buenos resultados en el pasado y afrontar una estrategia económica para el 2020, que ha de ser la clave de estos seis meses de presidencia española.

Todos somos conscientes de las debilidades y las fortalezas de la Unión Europea. Es conocido que desde mediados de los años 90 venimos perdiendo potencial en nuestro crecimiento económico, productividad en relación a otras grandes economías y tenemos dificultades de competitividad en algunas áreas específicas y determinantes para el futuro de nuestro crecimiento. Pero también tenemos fortalezas evidentes. Ya representamos un tercio del PIB mundial y somos la segunda potencia exportadora, detrás de EEUU, en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Además, representamos casi el 60% de la Ayuda al Desarrollo en el mundo

La presidencia española ha decidido impulsar cuatro grandes áreas como prioridad para renovar la fuerza económica europea, asuntos que deben estar bien recogidos en la Estrategia 2020.

Y cuáles son estas cuatro grandes áreas. Pues están muy claras, la primera ya adelantada por gacetilla (pulsa aquí) hace unos días: crear un Mercado Común de la Energía, la segunda, constituir un Mercado Único Digital, la tercera, poner en marcha un Plan de Desarrollo del Vehículo Eléctrico y, en cuarto lugar, potenciar la universidad y espacio de investigación.

En los últimos 10 años, la dependencia energética de la Unión ha pasado del 44% al 53%. Estos nueve puntos más supone que, como Unión Europea, transferimos cada año a otros países 67.000 millones de euros, la misma cantidad que dedican todos los países de la UE a inversión pública en I+D+i. Por lo tanto Europa está necesariamente obligada a reducir la dependencia energética, porque si no lo hace su debilidad económica será cada vez mayor.

Para conseguirlo, Europa debe crear, definitivamente, un Mercado Común de la Energía, que fortalecerá a toda la Unión y su economía. Y para ello, es clave aumentar las Interconexiones energéticas en el sur, en el este y en el norte de Europa.

Con respecto al mercado Único Digital, los hechos dicen que el 40% de las mejoras de productividad de la economía europea se debe a la incorporación y uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC). En esto, los europeos, son líderes, porque en Europa se encuentran empresas líderes. Pero no existe  un Mercado interior Digital. Por lo tanto, es muy importante comenzar a dar pasos para constituir el Mercado único Digital que supondrá la eliminación de obstáculos al desarrollo del comercio electrónico transfronterizo y a la circulación de contenidos digitales y el desarrollo de las redes de nueva generación. En la actualidad, éste es el sector con mayor capacidad de innovación, de incrementar la productividad y de crear empleo estable.

La tercera gran área en la que se embarca la Presidencia española es la puesta en marcha y el desarrollo del vehículo eléctrico. De todos es conocido que la industria del automóvil está sufriendo una gran transformación y si apostamos, como europeos, por una estrategia común del coche eléctrico contribuiremos a reducir nuestra dependencia energética, a la lucha contra el cambio climático y a la innovación tecnológica.

Por último, el presidente habló sobre la Universidad como espacio de investigación. En los últimos 10 años, Europa no ha progresado en el nivel de excelencia de nuestra educación superior, en el ranking de las 100 primeras Universidades. Por lo tanto es indispensable culminar el proceso de Bolonia. Zapatero señaló como prioridad  fomentar y abrir expectativas para una Universidad cada día más europea y con más investigación.

Pero, no se puede olvidar que la Estrategia 2020 debe incluir también una reflexión sobre el futuro de la Política Agraria Común, como una política determinante, en lo que afecta a la defensa del medioambiente, a la seguridad alimentaria y a la renta de muchos ciudadanos en la UE.

Y para que este crecimiento económico y social sea posible y socialmente sostenible desde la presidencia española se ha propuesto también un gran Pacto Social en Europa con empresas y trabajadores, para desarrollar la Estrategia 2020.

El Presidente Zapatero ha recordado que el diálogo social y el acuerdo social han hecho fuertes a Europa en los momentos de su nacimiento y en los períodos de debilidad y entiende que ahora, en este período de renovación y de cambio, después de una grave crisis económica, puede ser una gran palanca para llevar adelante los objetivos que la UE se proponga, con una gobernanza eficaz.

Estas aseveraciones nos hacen suponer que el pacto social en España está a punto de suscribirse, porque no sería de recibo pedir a Europa que haga lo que en nuestro país no hemos sido capaces de hacer. Las palabras se quedan huecas si los hechos no las avalan. Gobierno, patronal y sindicatos deben alcanzar ya acuerdos que nos permitan afrontar la crisis unidos también a los españoles.