Desde las filas del PP se sigue considerando "el asunto de la inmigración" como un importante nicho de votos, teniendo en cuenta los discursos lanzados por sus prohombres en los últimos días desde que salieron a la palestra los caso de Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardóz, en Madrid.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha pedido un debate amplio en España sobre el problema de la inmigración, sobre todo ahora que la crisis económica ha provocado “cambios tan profundos” en la sociedad en materia de empleo y de integración. Además, ha culpado de lo que está pasando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por su “falta de políticas de Estado” en materia de inmigración.
Ya ha recibido respuesta desde la filas socialistas, que califican de descabellada la posición del PP en esta materia. El mismísimo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha acusado, en declaraciones a la cadena SER, al partido conservador de utilizar el debate sobre la inmigración con fines partidistas y tiene razón el ministro, porque en este asunto de la inmigración el Partido Popular tiene más papeletas para callarse y respetar la ley que ellos mismos han elaborado y no andar sembrando otras ideas y dando saltos mortales que podría traer consecuencias imprevisibles.
Pero dejando a un lado la incongruencia del líder de la oposición que se opone a sus propias leyes y normas (ver enlace), y que en siete años en el Gobierno tras haber aprobado una norma sobre empadronamiento, tan mala según ellos, no modificaron ni una coma. Hace ahora tres meses, se aprobó en el Parlamento de España la nueva Ley de Extranjería y el PP no presentó ninguna iniciativa ni enmienda para cambiar la obligación de los Ayuntamientos de empadronar a los inmigrantes, estén o no en situación legal.
¿Y por qué?, pues porque el PP sabe, como el resto de los alcaldes de este país, que el padrón no legaliza a los inmigrantes en situación irregular. Y, entonces, se preguntarán queridos lectores ¿por qué el PP quiere forzar está polémica introduciendo confusión?, y, además, lo hace cuando la política de inmigración del Gobierno de Zapatero está produciendo resultados positivos y está haciendo disminuir la inmigración irregular en España. Eso habrá que preguntarlo en Génova.
El partido conservador sabe perfectamente que el padrón es un registro administrativo que no tiene consecuencia jurídica alguna por lo que un inmigrante que se encuentre en España en situación irregular seguirá estando en esa situación aún cuando esté empadronado.
Eso lo sabe el PP, pero ustedes sí se pueden preguntar la razón por la que se les empadrona si permanecen en situación irregular, pues porque los Ayuntamientos necesitan saber cuánta población tienen para disponer los medios que precisan para prestarles servicios ya que si no pueden justificar a cuántas personas atienden, no pueden reclamar los fondos para costearlos y, además, porque si un inmigrante no está empadronado no le pueden asignar ni médico de cabecera, ni plaza escolar para sus hijos, ambos derechos recogidos en La Constitución.
Y el PP, y Rajoy a la cabeza, quiere no contabilizar a los inmigrantes en situación irregular y eso conduce a la conocida “política del avestruz”, dar la espalda a la realidad, porque los inmigrantes no dejan de estar ahí porque no se les contabilice.
La política de inmigración de este Gobierno de Zapatero, llevada a cabo en las dos legislaturas por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumi, ha sido clara y ha tenido tres pilares.
El primero, contar con una inmigración legal y ordenada, vinculada a contrato de trabajo, acordada con todos los agentes sociales y respaldada por el Parlamento. Frente a esto hay que recordar que el partido conservador en su etapa de Gobierno legalizaba inmigrantes con un abono transporte y con facturas de agua o luz.
El segundo pilar es impulsar una política de inmigración común en la UE y establecer una línea de ayuda y cooperación con los países de origen. Hay que destacar que la UE ha hecho suya la iniciativa española y hoy existe un Pacto de Inmigración y Asilo con políticas comunes. También se debe recordar para los olvidadizos que en 2008 España ha repatriado inmigrantes ilegales de 29 nacionalidades.
El tercer pilar que hay que destacar es la creación por parte del Gobierno de España de un fondo para la integración de inmigrantes destinado a que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan prestarles servicios sociales. Fondo anual que si en 2004 era de siete millones de euros en 2009 es ya de 200 millones de euros.
Pero además, y aquí está clara la demagogia del principal partido de la oposición, es que una de las razones por las que ha sido necesario aprobar una nueva Ley de Extranjería en octubre del año pasado es porque la que había sido aprobada por el PP en el año 2000, era inconstitucional en distintos e importantes aspectos de su articulado. Así lo dijo el Tribunal Constitucional. Y esa situación obligaba a reformar la Ley.
La realidad es que los hechos son tozudos. La llegada de inmigrantes irregulares en embarcaciones ha disminuido drásticamente. En 2008 fue menos de la mitad de la que hubo en el año 2003 y un 25% menos que en 2007. Un ejemplo, la llegada de cayuco a Canarias ha disminuido en un 71%, desde 2006.
Se puede asegurar, y así lo señalan fuentes del Ejecutivo a gacetilla, que la inmensa mayoría de los inmigrantes que hoy viven en España están en situación legal, trabajan, tienen sus derechos y cumplen con sus obligaciones. Recordar que actualmente hay casi dos millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de los que 1.200.000 son extra comunitarios.
Unido a lo anterior hay que destacar que a diferencia de lo que ocurría con el gobierno del PP, España puede hacer ahora repatriaciones, como consecuencia de haber establecido líneas de ayuda y cooperación con los países de origen. En 2007, España repatrió a casi 56.000 inmigrantes en situación irregular y en 2008, a otros 46.500, debiéndose esta disminución de repatriaciones a la menor llegada irregular de inmigrantes a España.
Y ello sin olvidar que España está expulsando a los delincuentes extranjeros que comenten delitos graves. En su primer año de funcionamiento la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros (BEDEX), ha expulsado ya a 7.591 delincuentes reincidentes. Estas expulsiones son ordenadas judicialmente y conllevan la prohibición de entrada en España y en los países miembros de Schengen, durante varios años.
El ministro Corbacho ha culpado al principal partido de la oposición de tratar de confundir al mezclar las regulaciones en este debate y tiene razón. El PP, desde que José Luis Rodríguez Zapatero llego a la Moncloa, está realizando una oposición oportunista olvidando que hay asuntos, como la inmigración, que deben ser tratados con menos ligereza política y más política de Estado. Quizá el líder de la oposición es un fiel seguidor de Maquiavelo y piensa que es necesario ser un gran simulador y disimulador ya que “los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar”.
1 comentario:
Creo solemnemente que, los de la derecha derrotista, se vuelven a contradecir, puesto que al no objetar ninguna enmienda, cuando se hizo la ley, demuestra una vez más, que van al acoso y derribo del Gobierno de ZP. Pero que tengan en cuenta, que los avatares de ésta vida, le pueden pasar factura, y antes de nada, se tendrían que dar una vuelta por la Comunidad Valenciana, ó la de Madrid.
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