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lunes, 1 de marzo de 2010

El Gobierno muestra su plan de recuperación económica

Tal y como se comprometió el Gobierno, hoy lunes ha entregado al resto de grupos políticos su documento con las propuestas de medidas económicas para favorecer la recuperación del crecimiento económico y del empleo que comenzará a “negociarse” con el resto de los grupos el próximo miércoles, 3 de marzo.

Las medidas gubernamentales, a las que ha tenido acceso gacetilla, se podrían dividir en dos grandes bloques cuyo objetivo es atender a los dos principales problemas que está reclamando nuestra economía que son: promover el empleo de forma inmediata y conseguir que llegue crédito a las PYMES (pequeñas y medianas empresas que recordemos representan más del 80% del tejido industrial de nuestro país). Este documento está abierto a las aportaciones, incluidas nuevas propuestas, que quieran plantear las distintas fuerzas políticas convocadas al acuerdo.

El Gobierno en su lucha por promover el empleo de forma inmediata apuesta por medidas que incidan favorablemente y de forma directa en el sector donde más empleo se ha destruido: el de la construcción. Para ello, propone en este documento un IVA reducido del 8% para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda, durante dos años, la deducción extraordinaria del IRPF por obras de mejora en la vivienda habitual. Los contribuyentes de renta inferior a 33.007 euros se podrán deducir en el IRPF el 10% de los costes de las obras, realizadas hasta 31 de diciembre de 2012, que tengan por objeto la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Con el límite de 12.000 euros por vivienda.

A esto se añade la ampliación del concepto de obras consideradas de rehabilitación estructural, para que haya más obras de renovación que puedan aplicarse un IVA reducido y la aplicación de un Plan de Rehabilitación y Eficiencia Energética, para ahorrar un 20% de consumo energético, entre 2010 y 2012, en 2.000 edificios públicos. Con todas estas actuaciones, el Ejecutivo pretende crear 350.000 empleos en los próximos dos años que se sumarán a los que ya se generan por la aplicación este año del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y el resto de iniciativas puestas ya en marcha por el Gobierno.

El documento habla también de atender el crédito a las PYMES por medio de préstamos directos del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Se trataría de créditos por un importe máximo de 200.000 euros concedidos directamente por el ICO con cobertura de riesgo del 100% y comercializado a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso. Gracias a esta línea se podrá conseguir que toda pequeña empresa que lo solicite, cuente con financiación. Esta medida supone un salto cualitativo en el respaldo público a las PYMES, porque ya no es una línea ICO, sino que va a ser el propio ICO quien atienda las peticiones de crédito en las oficinas bancarias.

En cuanto a la dimensión de las empresas se pretende la revisión de la normativa fiscal para fomentar el crecimiento empresarial y para ello se pondrá en marcha un “Plan de Continuidad Empresarial” para facilitar la transferencia de pequeñas empresas que, por problemas de falta de relevo generacional, se encuentren en peligro de desaparición.

En cuanto a la importancia de la investigación y desarrollo, el Gobierno señala en su documento que se dará un impulso a la I+D+i, con un compromiso para que España alcance un nivel de inversión en I+D+i del 2,5% del PIB en 2015 y para ello se acuerda que el incremento medio anual de la inversión pública en I+D+i sea superior al crecimiento de los PGE y favorecer la inversión empresarial en I+D+i incrementando del 8 al 12% la deducción aplicable a las actividades de innovación, en el Impuesto de Sociedades y ampliando, en algunos casos hasta el 60%, el límite general que existe a la deducción por actividades de I+D+i.

Y en política de transportes, se pretende favorecer la utilización de transporte público. El documento señala que los trabajadores dejarán de tributar en el IRPF como rentas en especie, las cantidades satisfechas por su empresa en concepto de ayuda al transporte, para acudir al centro de trabajo, con el límite de 1.500 euros anuales.

Además, el documento habla de un impulso en la colaboración público-privada en infraestructuras de transporte con la puesta en marcha de un Plan de de colaboración público-privada que se licitará en 2010-2011 y dará prioridad a las infraestructuras ferroviarias, conservación y mantenimiento de autovías y extensión de la red de cercanías ferroviarias en áreas metropolitanas, entre otras que contribuirá al desarrollo territorial, a la competitividad de la economía, a la creación de empleo y a la sostenibilidad del sistema de transportes.

En vivienda, el documento habla de fomentar la VPO y ampliar el apoyo financiero del ICO a promotores de viviendas de protección oficial, destinadas a la venta.

Junto a esto, el Ejecutivo prevé medidas para mejorar la calidad y competitividad del sector turístico con la ampliación del programa Turismo Sénior Europa. Además, se pretende la ampliación hasta 500 millones de euros de la línea ICO-FuturE, para apoyar la renovación del sector.

En cuanto a la política Industrial para impulsar la renovación del modelo Productivo, el Gobierno propone en su documento impulsar una Estrategia de política industrial 2010-2020, con medidas muy concretas, con el objetivo de elevar el peso de la industria en el PIB desde el actual 15,5% hasta el 18%.

En cuanto al cumplimiento del Plan de Consolidación Fiscal, para asegurar la reducción del déficit público (Plan de Austeridad), el Ejecutivo pretende hacer un esfuerzo en ingresos y gastos, para cumplir el objetivo comprometido con la Comisión Europea de reducción del déficit público.

Las medidas en el ámbito de la Administración del Estado consistirán en la reducción de los gastos de personal y para ello el Gobierno, antes del 10 de abril de 2010, aprobará un programa que contendrá medidas de reducción de altos cargos de la Administración General del Estado, con el fin de asegurar que el capítulo de gastos de personal sea, en 2013, un 4% inferior a la cuantía de 2010. Además propone, en esa misma fecha (antes del 10 de abril de 2010), aprobar un programa para reducir el número de cargos directivos de las empresas públicas, así como para reducir el número de miembros de sus consejos de administración. Junto a ello, se pretende reducir el número de empresas públicas mediante un proceso de fusiones y concentraciones. Además, se revisarán las retribuciones de los directivos de estas empresas.

Por último, y no por ello lo menos importante, el control del sistema financiero: estabilidad, morosidad y acceso al crédito. El Gobierno pretende garantizar la estabilidad del sistema financiero y para ello a través del Banco de España, se compromete a acelerar el proceso de reestructuración del sistema financiero y agilizar en su caso la utilización del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

En cuanto al problema de la morosidad de las administraciones públicas que trae de cabeza a tantas PYMES, el Ejecutivo pretende determinar los plazos de pago de las Administraciones Públicas y control de su cumplimiento y establecer, de modo progresivo, para las facturas que se emitan a partir de ahora, un plazo de pago máximo de 30 días para las Administraciones Públicas.

En cuanto a la morosidad de las empresas, prevé el establecimiento de plazos de pago para proveedores PYMES. Un plazo máximo de pago de 60 días en las relaciones comerciales entre empresas, que no podrá ampliarse por acuerdo entre las partes, cuando los proveedores sean empresas de reducida dimensión o trabajadores autónomos y reforzar el derecho a percibir la indemnización que corresponda por los costes de cobro que la morosidad haya ocasionado a las empresas.

A todo esto se une la intención de mejorar la financiación a las empresas con instrumentos para mejorar el acceso al crédito, especialmente a emprendedores y PYMES. En primer lugar con nuevas formas de actuación del ICO entre las que destaca: elevar los topes de riesgo que asume ICO en las líneas de mediación hasta los niveles medios de riesgo de las entidades de crédito e impulsar la colaboración del ICO con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para que las operaciones inferiores a 600.000 euros, evaluadas por el Facilitador Financiero y avaladas por SGR, cuenten con un aval por el 100% de la operación.

Éstas son las propuestas del Gobierno. Ahora falta conocer las que el resto de partidos políticos con representación parlamentaria aportan. De su debate se espera que se alcance un acuerdo que si se lograra serviría además de para superar la crisis, para trasmitir confianza a los españoles.

1 comentario:

angel dijo...

Creo que las medidas que está tomando el Gobierno, son de lo más ajustadas que hay, si bien es cierto que se han de buscar otro tipo de soluciones. Hoy no es el mejor dia para pronosticar buenas nuevas, debido a la subida del paro, pero sepamos tener paciencia, y decirle al sr. Camps, que nos haga un prestamo de su cta.cte. que con esos 900 euros de ahorro, podrían com er algún parado. Es de vergüenza. Y pretenden gobernar.

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