Era cuestión de tiempo que desde estas páginas de gacetilla analizásemos lo que ya se conoce como nueva Ley del Aborto y que en su término justo se denomina: Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, seis grandes áreas que afectan directamente a la mujer y que las que ley actual no daba la respuesta adecuada.
En España, como en cualquier país que no dejan que sea laico, este tipo de leyes trae consigo una gran polvareda mediática, cabalgada por todo el arco conservador, incluida la jerarquía católica y sus nichos de poder. Es curioso que unos tipos, la mayoría de las veces de género masculino, que no quieren reproducirse tengan tanto que decir en cuestiones reproductivas.
Volviendo a la ley que nos ocupa, el análisis más justo sería considerar si es o no necesaria y oportuna, o había sido suficiente mantener la actual. Creemos que es una ley necesaria porque con los avances sociales que ha experimentado nuestro país a lo largo del último cuarto de siglo, no podemos continuar con una ley que no se ajusta a la realidad. Y no se ajusta a la realidad porque la actual ley no garantiza la seguridad jurídica de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, ni la de los profesionales que intervienen en el proceso. Tampoco garantiza la igualdad de la mujer, ni la equidad en el en el acceso a las prestaciones sanitarias relacionadas con la salud reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.
Además a nadie escapa que estamos ante una ley equilibrada. El Congreso ha apoyado un proyecto de ley claro y coherente para reducir el número de embarazos no deseados y ofrecer más garantías en la interrupción voluntaria del embarazo. La ley establece pues unos límites que antes no existían, garantizando a la vez los derechos a la intimidad y, sobre todo a la dignidad de las mujeres, sin desproteger en ningún caso, por mucho que algunos se empeñen, la vida prenatal. Y es que el Gobierno está trabajando en una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde interrupción del embarazo se contempla como el último recurso, y actuará en el ámbito de la prevención y la educación sexual.
La ley establece un sistema de plazos, complementado con indicaciones que regulan supuestos de carácter médico. Y con las debidas garantías.
El asunto de la objeción de conciencia según el Ejecutivo, requiere de una regulación mucho más amplia que excede del marco de esta ley, pero lo que sí recoge la norma son garantías para el acceso a la prestación en todos los supuestos. Hay destacar de manera clara el carácter garantista de esta norma ya que aunque el aborto, fuera de las causas o supuesto que marca esta ley, continuará siendo un delito, desaparecerán del Código Penal las penas de prisión para las mujeres, que todavía hoy día están vigentes.
En definitiva, nos encontramos ante una buena norma que debe ser afrontada a pesar de las manifestaciones antiabortistas que llegaron hasta las puertas de la casa de la ministra Bibiana Aido, máxima impulsora de la ley, ni las querellas contra las clínicas abortistas, -la ultima de las cuales, contra la Clínica Isadora,, ha sido desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid cuyo auto apuntaba la mala praxis en la investigación policial-. O los enfrentamientos de la Comunidad de Madrid, -muy activa a favor de los mal denominados movimientos pro-vida- encabezados por la Consejería de Sanidad que dirigía el corifeo Lamela, desde donde se lanzó un duro comunicado en plena investigación policial contra Isadora acusando a esta clínica de incumplir la normativa de gestión de residuos y mezclar restos orgánicos (tejidos procedentes de abortos) e inorgánicos (material quirúrgico usado en las intervenciones).
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