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miércoles, 17 de febrero de 2010

¡Viva Grecia! a grandes males, grandes remedios.

Por Bruno Estrada(*)
La ferocidad depredadora de los especuladores financieros (hablemos claro, hablemos de especuladores, con nombre, CIF y domicilio fiscal, que es lo que se oculta tras la eufemística cortina de humo de las palabras mercados financieros) sobre el animal herido que es la deuda pública griega, ha colocado a la zona euro al borde del abismo. Pero eso ha tenido dos indudables efectos positivos:

Por un lado ha introducido en la agenda política europea la necesidad de incrementar la coordinación de las políticas económicas. Se ha dado un primer paso, aunque el camino es aún largo, como ponen de manifiesto los titubeos de Alemania a la hora de poner números sobre la declaración mediática de apoyo a Grecia.

El problema es que la Unión Europea, la zona euro para ser más exactos, no tiene desarrollados mecanismos de actuación ante estos casos. Se habla de un Fondo Monetario Europeo que, por analogía con el FMI, tendría capacidad de adquirir deuda pública de los países con mayor desequilibrio en las finanzas públicas, lo que, indudablemente, desincentivaría la insaciable voracidad de los tiburones financieros.

Pero, hoy por hoy, no hay criterios de análisis de la realidad financiera y productiva de los países de la zona euro, que permitan discernir objetivamente sobre en qué países de la zona euro hay razones para intervenir y en cuáles no. Y, por supuesto, tampoco está claro de dónde saldría el dinero para afrontar esas necesidades de impulso económico a escala europea, aunque tengan un destino nacional, ya que en este caso estamos hablando de palabras mayores, de instrumentos redistributivos a escala europea.

Y todo eso no existe porque aún somos herederos del espíritu de Maastricht, que consideraba innecesario un gran presupuesto público europeo y una Agencia Tributaria Europea para hacer frente a una crisis asimétrica como la que estamos viviendo actualmente en la zona euro; es decir, que unos países puedan tener graves problemas económicos, mientras que otros disfrutan de una situación saneada. Se ha demostrado el profundo error de considerar que, con una crisis de la magnitud de la actual, la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (permitir déficits nacionales hasta el 3% del PIB) ofrecía instrumentos suficientes para afrontarla con éxito.

La actual experiencia está demostrando que ante una fuerte crisis asimétrica es necesario establecer un mecanismo redistributivo automático, a través de un presupuesto comunitario centralizado financiado por un impuesto europeo.

Los desastrosos efectos de la crisis financiera sobre la economía real, y los de la recesión económica sobre finanzas públicas de la mayor parte de los países europeos, han puesto a Grecia, Letonia e Irlanda al límite de su capacidad individual de endeudamiento. Pero Grecia e Irlanda (Letonia tiene prevista su incorporación al euro sobre el año 2013) no son tripulantes que puedan ser arrojados a las embravecidas olas repletas de tiburones financieros, son parte de la estructura del barco, y si se arrojan por la borda ponen en cuestión la propia flotabilidad del euro.

Por tanto, para encontrar una solución óptima que beneficie al conjunto de la zona euro, y a cada uno de sus miembros, hay que retrotraerse a hace más de veinte años, antes de la victoria ideológica de los talibanes del mercado, para rescatar propuestas eran objeto de debate en la construcción de una Europa que, además de económica y política debía ser también social: como la contenida en el Informe McDougall (1977) sobre que el Presupuesto Comunitario debía alcanzar el 5% del PIB, dotándolo, por tanto, con capacidad real de impulsar, en el ámbito de la UE, el consumo y la inversión, y de actuar redistributivamente en el espacio europeo. O en el Informe Werner (1970) sobre la necesidad de una política fiscal de ámbito europeo, que algunos han desarrollado posteriormente en la figura de una Agencia Tributaria Europea que, además de gestionar impuestos europeos fuese capaz de armonizar fiscalmente los países de la zona euro. Esto es, propuestas que se denominaban neokeynesianas.

Por otro lado, la tragedia griega nos permite percibir que el problema no es la crisis fiscal de algunos estados, el problema es su escasa capacidad recaudatoria, y por tanto su débil estado del bienestar y su reducida capacidad de desarrollar eficaces políticas públicas de reactivación de la actividad productiva en situaciones de crisis.

Escasa capacidad recaudatoria que se visualiza en los siguientes datos: la presión fiscal en 2007 (incluidas cotizaciones sociales en porcentaje del PIB) de Grecia fue del 32,1%, la de Irlanda del 31,2% y la de Letonia del 30,5%, frente a porcentajes del 48,7% en Dinamarca, el 48,3% en Suecia o el 43,3% en Francia. Y cuyo origen esta en una laxa política contra el fraude fiscal (si en nuestro país se habla de una economía sumergida de una magnitud del 20% del PIB, en Grecia se maneja la cifra del 40%), y/o por una desfiscalización creciente de las rentas del trabajo más elevadas, y/o del capital, véase el tratamiento fiscal a las SICAV.

Por eso uno no puede menos que sonrojarse de vergüenza cuando se escuchan recientes propuestas para enfrentarse a la crisis, como la del gobierno del PSOE, que plantea una fuerte reducción de las pensiones, erosionando aún más a la castigada clase media de nuestro país, o como la de la oposición del PP que plantea reducir los impuestos, sin querer darse por enterados de que apenas representan un 37,1% del PIB, un porcentaje más cercano al de Grecia que al de los países nórdicos. Tal vez será porque prefieran los dramas griegos a la contrastada solvencia financiera, y a la elevada competitividad económica, de los países nórdicos.

Por último, no hay que olvidarse del origen de los problemas que estamos viviendo: muchas de las decisiones empresariales, en cuanto a reinversión de beneficios, distribución de dividendos, contratación de personal e inversión productiva, han venido en gran medida determinadas por la presión de los mercados-especuladores financieros.

Por ello también hay que responder con actuaciones microeconómicas que modifiquen esta tendencia al suicidio colectivo por la avaricia de unos pocos, medidas que favorezcan una mayor implicación de los trabajadores en la gestión empresarial, a través de un marco legal que impulse la participación accionarial de los trabajadores en la empresa, extendiendo exitosas experiencias logradas ya en nuestro país a través de la negociación colectiva, como es el caso de CAF (Construcciones Auxiliares del Ferrocarril), donde una importante participación de los trabajadores en el capital de la empresa es garantía de una alta estabilidad en la financiación, que bien quisieran otras empresas, y de una elevada competitividad, puesta de manifiesto porque sus trenes se venden en todo el planeta. Los trabajadores son los primeros interesados en la sostenibilidad y continuidad de las empresas, mucho más que los directivos intercambiables y los volátiles y caprichosos fondos de inversión. La experiencia ha demostrado que las decisiones productivas de las empresas no pueden quedar en manos ni de especuladores financieros, ni de banqueros irresponsables e insaciables. Los empresarios responsables deben contar en mayor medida con el principal activo de sus empresas: sus trabajadores.



(*) Bruno Estrada López es economista y director de Estudios de la Fundación 1º de mayo

1 comentario:

Beatriz dijo...

Me parece muy interesante el caso del CAF y que iniciativas de este tipo no sólo sean viables sino una buena alternativa, sobre todo en los tiempos que corren!!

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