PP: almacenes nucleares, depende

Almacén holandés de Habog, en el que se basará el ATC español

Si hay un partido que apuesta claramente por la energía nuclear, ése es el PP, pero si hay un partido al que no le gusta que los residuos nucleares estén cerca de “su casa”, ése también es el PP y si no, no se entiende que quieran expedientar a los alcaldes que votan a favor de ubicar en sus pueblos el nuevo almacén de residuos nucleares, como ha dicho la secretaria del partido conservador María Dolores de Cospedal, tras la decisión en ese sentido del alcalde del PP en la localidad de Yebra, (Guadalajara), que junto con la tarraconense de Ascó han optado al “concurso” para acoger el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC).

Desde antes de su llegada al Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se ha opuesto claramente a la energía nuclear y ha apostado por otro tipo de energías renovables y sin embargo, en su responsabilidad de Gobierno, considera que el almacenamiento de residuos radioactivos que ya hemos generado es una realidad que hay que afrontar. Todas las sociedades desarrolladas afrontan la solución de los residuos que generan, sean del tipo que sean. Por ello, el Gobierno ha propuesto una solución idéntica a la que actualmente utilizan los países más desarrollados del mundo, el denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos.

Esta actitud no es nueva, en diciembre de 2004 todos los grupos votaron a favor de una resolución por la que se insta al Gobierno a la construcción de una ATC para los residuos nucleares que generan nuestras centrales. Actualmente en España existen ocho almacenes temporales porque las centrales nucleares existentes tiene el suyo propio y, además, está en funcionamiento el centro de El Cabril, en Córdoba, al que también se envían residuos procedentes de tratamientos hospitalarios. Pero estos almacenes están ya al límite de su capacidad.

En la actualidad y desde el año 1984, una parte importante de los residuos radioactivos se envía a Francia, lo que supone un coste total para el Estado español de 575 millones de euros, cantidad que se calcula del pago desde ese año 1984 hasta el 31 de diciembre de 2010. Y se ha calculado a diciembre del 2010, porque el Gobierno francés ha aprobado una Ley por la que prohíbe el almacenamiento de residuos nucleares de terceros países en su territorio a partir del 1 de enero de 2011, pero además penalizará con el pago de 60.000 euros diarios a aquellos países que no hayan retirado los residuos que tengan en su territorio.

Es decir, que a partir del 1 de enero de 2011 no sólo no podremos enviar más residuos a Francia, si no que el Estado español pagará 60.000 euros diarios de penalización, que son casi 10 millones de las antiguas pesetas al día, por los que tenga allí en ese momento. Este dinero será devuelto prácticamente en su integridad en el momento en que los residuos se retiren del país vecino.

Pero queridos lectores, 60.000 euros al día es mucho dinero. Con 60.000 euros diarios se pagan, por ejemplo, 2.369 pensiones en un día  -759,86 euros/mes de pensión media en diciembre de 2009- o  2.842 Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) en un día -633,3 euros/mes de SMI para 2010-, o 1.059 salarios medios en un día -el salario medio en 2007, último dato disponible según la Encuesta de Estructura Salarial, fue de 1.699 euros/mes-.

Pero comprendiendo las reticencias, hay que señalar que un ATC de residuos radioactivos no es un cementerio nuclear porque, como su propio nombre indica es temporal, hay una gestión permanente del material y se pueden realizar cuantas inspecciones se quiera para conocer el estado del material. Es por ello que el Gobierno ha optado por la construcción de un Almacén Temporal Centralizado que permitirá una mejor gestión de los residuos radioactivos de alta actividad porque son vigilados en todo momento y pueden ser rescatados para un futuro proceso y tratamiento conforme a técnicas más avanzadas que son hoy objeto de investigación. Sólo los países más desarrollados como Alemania, Bélgica, EE.UU., Rusia, Francia, Holanda, Japón, Reino Unido, Suecia y Suiza tienen este sistema porque es el más seguro y el más costoso.

El Gobierno ha calculado, según ha podido saber gacetilla, que el almacén podría estar operativo en 2014.

Pero qué es un ATC. El Almacén está diseñado para asegurar la ausencia de impacto sobre el medioambiente y sobre las personas y el diseño genérico ya ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear y tiene unas características similares al almacén holandés de Habog, que es el modelo en el que se ha basado el ATC español. El aislamiento del combustible gastado se basa en un sistema de tres barreras contrastado en todo el mundo. La triple barrera incluye una cápsula de acero inoxidable, un tubo de almacenamiento de acero inoxidable y una estructura de hormigón de gran espesor. Esas barreras, aseguran los expertos en la materia, son impenetrables por las radiaciones. 

El Gobierno ha querido que sean los propios ayuntamientos quienes decidan si quieren o no tener en su localidad este almacén y ha propuesto una serie de compensaciones para quien al final resulte elegido. Ya en diciembre de 2009 el Gobierno abrió una convocatoria para el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado y la elección del municipio que albergará el ATC se hará a partir de una candidatura voluntaria presentada por el propio municipio interesado y siempre consensuada entre administraciones, sindicatos, organizaciones empresariales y vecinos, todo lo contrario de lo que propone el PP que quiere que la ubicación del almacén sea impuesta por el Gobierno, “para no generar tensión”.

La instalación de la ATC en un municipio incluye junto al almacén la construcción en dicho municipio de un centro tecnológico asociado y un parque empresarial. La construcción del almacén supondrá una inversión total de unos 700 millones de euros y generará más de 300 empleos directos con algún periodo en el que trabajarán unos 500 trabajadores.

Una vez finalizada la construcción, necesitará 150 empleos entre titulados superiores, técnicos, operarios y administrativos, incluyendo el personal investigador del Centro Tecnológico. Y además, el municipio y los de su entorno recibirán anualmente 6 millones de euros durante 60 años, a los que se sumarán un máximo de cofinanciación del 30% para proyectos de inversión y desarrollo del medio ambiente llegando a poder recibir cada año 1,8 millones de euros adicionales.

Se trata de una cantidad económica muy importante, pero sobre todo se trata de resolver una necesidad imperiosa que tenemos como país y que, una vez más, debería haber sido objeto de consenso entre las dos fuerzas mayoritarias en un tema tan delicado. Curiosamente una vez más, quien apuesta por este tipo de energía es siempre quien más problemas pone a la hora de solucionar qué hacer con los residuos que genera.

Inmigración, el salto mortal del PP

Desde las filas del PP se sigue considerando "el asunto de la inmigración" como un importante nicho de votos, teniendo en cuenta los discursos lanzados por sus prohombres en los últimos días desde que salieron a la palestra los caso de Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardóz, en Madrid.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha pedido un debate amplio en España sobre el problema de la inmigración, sobre todo ahora que la crisis económica ha provocado “cambios tan profundos” en la sociedad en materia de empleo y de integración. Además, ha culpado de lo que está pasando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por su “falta de políticas de Estado” en materia de inmigración.

Ya ha recibido respuesta desde la filas socialistas, que califican de descabellada la posición del PP en esta materia. El mismísimo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha acusado, en declaraciones a la cadena SER, al partido conservador de utilizar el debate sobre la inmigración con fines partidistas y tiene razón el ministro, porque en este asunto de la inmigración el Partido Popular tiene más papeletas para callarse y respetar la ley que ellos mismos han elaborado y no andar sembrando otras ideas y dando saltos mortales que podría traer consecuencias imprevisibles.

Pero dejando a un lado la incongruencia del líder de la oposición que se opone a sus propias leyes y normas (ver enlace), y que en siete años en el Gobierno tras haber aprobado una norma sobre empadronamiento, tan mala según ellos, no modificaron ni una coma. Hace ahora tres meses, se aprobó en el Parlamento de España la nueva Ley de Extranjería y el PP no presentó ninguna iniciativa ni enmienda para cambiar la obligación de los Ayuntamientos de empadronar a los inmigrantes, estén o no en situación legal.

¿Y por qué?, pues porque el PP sabe, como el resto de los alcaldes de este país, que el padrón no legaliza a los inmigrantes en situación irregular. Y, entonces, se preguntarán queridos lectores ¿por qué el PP quiere forzar está polémica introduciendo confusión?, y, además, lo hace cuando la política de inmigración del Gobierno de Zapatero está produciendo resultados positivos y está haciendo disminuir la inmigración irregular en España. Eso habrá que preguntarlo en Génova.

El partido conservador sabe perfectamente que el padrón es un registro administrativo que no tiene consecuencia jurídica alguna por lo que un inmigrante que se encuentre en España en situación irregular seguirá estando en esa situación aún cuando esté empadronado.

Eso lo sabe el PP, pero ustedes sí se pueden preguntar la razón por la que se les empadrona si permanecen en situación irregular, pues porque los Ayuntamientos necesitan saber cuánta población tienen para disponer los medios que precisan para prestarles servicios ya que si no pueden justificar a cuántas personas atienden, no pueden reclamar los fondos para costearlos y, además, porque si un inmigrante no está empadronado no le pueden asignar ni médico de cabecera, ni plaza escolar para sus hijos, ambos derechos recogidos en La Constitución.

Y el PP, y Rajoy a la cabeza, quiere no contabilizar a los inmigrantes en situación irregular y eso conduce a la conocida “política del avestruz”, dar la espalda a la realidad, porque los inmigrantes no dejan de estar ahí porque no se les contabilice.

La política de inmigración de este Gobierno de Zapatero, llevada a cabo en las dos legislaturas por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumi, ha sido clara y ha tenido tres pilares.

El primero, contar con una inmigración legal y ordenada, vinculada a contrato de trabajo, acordada con todos los agentes sociales y respaldada por el Parlamento. Frente a esto hay que recordar que el partido conservador en su etapa de Gobierno legalizaba inmigrantes con un abono transporte y con facturas de agua o luz.

El segundo pilar es impulsar una política de inmigración común en la UE y establecer una línea de ayuda y cooperación con los países de origen. Hay que destacar que la UE ha hecho suya la iniciativa española y hoy existe un Pacto de Inmigración y Asilo con políticas comunes. También se debe recordar para los olvidadizos que en 2008 España ha repatriado inmigrantes ilegales de 29 nacionalidades.

El tercer pilar que hay que destacar es la creación por parte del Gobierno de España de un fondo para la integración de inmigrantes destinado a que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan prestarles servicios sociales. Fondo anual que si en 2004 era de siete millones de euros en 2009 es ya de 200 millones de euros.

Pero además, y aquí está clara la demagogia del principal partido de la oposición, es que una de las razones por las que ha sido necesario aprobar una nueva Ley de Extranjería en octubre del año pasado es porque la que había sido aprobada por el PP en el año 2000, era inconstitucional en distintos e importantes aspectos de su articulado. Así lo dijo el Tribunal Constitucional. Y esa situación obligaba a reformar la Ley.

La realidad es que los hechos son tozudos. La llegada de inmigrantes irregulares en embarcaciones ha disminuido drásticamente. En 2008 fue menos de la mitad de la que hubo en el año 2003 y un 25% menos que en 2007. Un ejemplo, la llegada de cayuco a Canarias ha disminuido en un 71%, desde 2006.

Se puede asegurar, y así lo señalan fuentes del Ejecutivo a gacetilla, que la inmensa mayoría de los inmigrantes que hoy viven en España están en situación legal, trabajan, tienen sus derechos y cumplen con sus obligaciones. Recordar que actualmente hay casi dos millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de los que 1.200.000 son extra comunitarios.

Unido a lo anterior hay que destacar que a diferencia de lo que ocurría con el gobierno del PP, España puede hacer ahora repatriaciones, como consecuencia de haber establecido líneas de ayuda y cooperación con los países de origen. En 2007, España repatrió a casi 56.000 inmigrantes en situación irregular y en 2008, a otros 46.500, debiéndose esta disminución de repatriaciones a la menor llegada irregular de inmigrantes a España.

Y ello sin olvidar que España está expulsando a los delincuentes extranjeros que comenten delitos graves. En su primer año de funcionamiento la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros (BEDEX), ha expulsado ya a 7.591 delincuentes reincidentes. Estas expulsiones son ordenadas judicialmente y conllevan la prohibición de entrada en España y en los países miembros de Schengen, durante varios años.

El ministro Corbacho ha culpado al principal partido de la oposición de tratar de confundir al mezclar las regulaciones en este debate y tiene razón. El PP, desde que José Luis Rodríguez Zapatero llego a la Moncloa, está realizando una oposición oportunista olvidando que hay asuntos, como la inmigración, que deben ser tratados con menos ligereza política y más política de Estado. Quizá el líder de la oposición es un fiel seguidor de Maquiavelo y piensa que es necesario ser un gran simulador y disimulador ya que “los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar”.

Economía, Energía, Investigación y un gran Pacto Social europeo, ejes de la presidencia española de la UE

Una vez escuchado el discurso del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el Parlamento Europeo realizado hoy miércoles, 20 de enero, para presentar el programa de la Presidencia española de la UE, lo que debemos hacer es un análisis del mismo e intentar explicar a nuestros lectores lo mejor posible las claves de esta presidencia, que aquí, en gacetilla, ya hemos apuntado en post anteriores.Pulsa aquí, o aquí.

Lo primero que tenemos que señalar es que el presidente del Gobierno de España ha propuesto una Europa que sea capaz de “apostar por sí misma”, es decir, Zapatero plantea propuestas para la nueva etapa de la Unión que se abre en este semestre de renovación y cambios, entre ellos una “Gobernanza” económica europea y un gran Pacto Social Europeo.Ver vídeo de TVE.

Pero qué es exactamente lo que España propone hacer durante su Presidencia europea para responder a los desafíos a los que se enfrenta la Unión. Como gacetilla ya adelantó, estamos en un semestre de renovación en el que la UE debe afrontar un importante proceso de cambios. Cambios en lo económico, como consecuencia de la crisis, en lo político, en las instituciones europeas, por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Cambios en las relaciones exteriores de la Unión, como consecuencia de la globalización y cambios de la relación que la Unión Europea debe tener con la ciudadanía europea, para cumplir lo dispuesto en el Tratado de Lisboa.

Bien, una vez conocidos estos procesos, vamos a conocer las propuestas. En lo económico, la situación de Europa en la que nos encontramos es la crisis más profunda de los últimos 80 años, que ha causado en el mundo y, por supuesto, en Europa efectos graves, con ocho millones de desempleados, muchos de ellos, en España.

Unido a todo esto, se ha producido un efecto negativo en las cuentas públicas y en la estabilidad financiera que hace vislumbrar cambios en la economía europea, en la capacidad productiva y en la mejora de la competitividad de toda la Unión (nunca hasta ahora había descendido tanto la producción y el comercio internacional).

Entonces, cuáles son las propuestas del Gobierno español. Bien, Zapatero ha propuesto seguir manteniendo los estímulos fiscales, hasta que la recuperación sea una realidad. Unido a ello pretende buscar el compromiso de los 27 para mantener el Pacto de Estabilidad, que ha dado tan buenos resultados en el pasado y afrontar una estrategia económica para el 2020, que ha de ser la clave de estos seis meses de presidencia española.

Todos somos conscientes de las debilidades y las fortalezas de la Unión Europea. Es conocido que desde mediados de los años 90 venimos perdiendo potencial en nuestro crecimiento económico, productividad en relación a otras grandes economías y tenemos dificultades de competitividad en algunas áreas específicas y determinantes para el futuro de nuestro crecimiento. Pero también tenemos fortalezas evidentes. Ya representamos un tercio del PIB mundial y somos la segunda potencia exportadora, detrás de EEUU, en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Además, representamos casi el 60% de la Ayuda al Desarrollo en el mundo

La presidencia española ha decidido impulsar cuatro grandes áreas como prioridad para renovar la fuerza económica europea, asuntos que deben estar bien recogidos en la Estrategia 2020.

Y cuáles son estas cuatro grandes áreas. Pues están muy claras, la primera ya adelantada por gacetilla (pulsa aquí) hace unos días: crear un Mercado Común de la Energía, la segunda, constituir un Mercado Único Digital, la tercera, poner en marcha un Plan de Desarrollo del Vehículo Eléctrico y, en cuarto lugar, potenciar la universidad y espacio de investigación.

En los últimos 10 años, la dependencia energética de la Unión ha pasado del 44% al 53%. Estos nueve puntos más supone que, como Unión Europea, transferimos cada año a otros países 67.000 millones de euros, la misma cantidad que dedican todos los países de la UE a inversión pública en I+D+i. Por lo tanto Europa está necesariamente obligada a reducir la dependencia energética, porque si no lo hace su debilidad económica será cada vez mayor.

Para conseguirlo, Europa debe crear, definitivamente, un Mercado Común de la Energía, que fortalecerá a toda la Unión y su economía. Y para ello, es clave aumentar las Interconexiones energéticas en el sur, en el este y en el norte de Europa.

Con respecto al mercado Único Digital, los hechos dicen que el 40% de las mejoras de productividad de la economía europea se debe a la incorporación y uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC). En esto, los europeos, son líderes, porque en Europa se encuentran empresas líderes. Pero no existe  un Mercado interior Digital. Por lo tanto, es muy importante comenzar a dar pasos para constituir el Mercado único Digital que supondrá la eliminación de obstáculos al desarrollo del comercio electrónico transfronterizo y a la circulación de contenidos digitales y el desarrollo de las redes de nueva generación. En la actualidad, éste es el sector con mayor capacidad de innovación, de incrementar la productividad y de crear empleo estable.

La tercera gran área en la que se embarca la Presidencia española es la puesta en marcha y el desarrollo del vehículo eléctrico. De todos es conocido que la industria del automóvil está sufriendo una gran transformación y si apostamos, como europeos, por una estrategia común del coche eléctrico contribuiremos a reducir nuestra dependencia energética, a la lucha contra el cambio climático y a la innovación tecnológica.

Por último, el presidente habló sobre la Universidad como espacio de investigación. En los últimos 10 años, Europa no ha progresado en el nivel de excelencia de nuestra educación superior, en el ranking de las 100 primeras Universidades. Por lo tanto es indispensable culminar el proceso de Bolonia. Zapatero señaló como prioridad  fomentar y abrir expectativas para una Universidad cada día más europea y con más investigación.

Pero, no se puede olvidar que la Estrategia 2020 debe incluir también una reflexión sobre el futuro de la Política Agraria Común, como una política determinante, en lo que afecta a la defensa del medioambiente, a la seguridad alimentaria y a la renta de muchos ciudadanos en la UE.

Y para que este crecimiento económico y social sea posible y socialmente sostenible desde la presidencia española se ha propuesto también un gran Pacto Social en Europa con empresas y trabajadores, para desarrollar la Estrategia 2020.

El Presidente Zapatero ha recordado que el diálogo social y el acuerdo social han hecho fuertes a Europa en los momentos de su nacimiento y en los períodos de debilidad y entiende que ahora, en este período de renovación y de cambio, después de una grave crisis económica, puede ser una gran palanca para llevar adelante los objetivos que la UE se proponga, con una gobernanza eficaz.

Estas aseveraciones nos hacen suponer que el pacto social en España está a punto de suscribirse, porque no sería de recibo pedir a Europa que haga lo que en nuestro país no hemos sido capaces de hacer. Las palabras se quedan huecas si los hechos no las avalan. Gobierno, patronal y sindicatos deben alcanzar ya acuerdos que nos permitan afrontar la crisis unidos también a los españoles.

Rajoy I, el desmemoriado

Tan rematadamente mal lo hizo Mariano Rajoy durante su “paseo” por los distintos ministerios del Gobierno Aznar, que, como si sufriera de amnesia profunda, su mente ha borrado cualquier recuerdo del pasado. O es que, una vez más, por atacar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y recoger algo en la cosecha de los votos, el jefe del partido conservador es capaz de vender su alma al mismísimo diablo, y léase este, como “el señor de la tontería más supina”.

Y ustedes amigos lectores se preguntarán ¿a qué viene todo esto? Pues se lo voy a aclarar con pelos y señales. Siéntense en sus sillas y continúen con la lectura.

Recuerdan todos que el Ayuntamiento de Vic ha anunciado por activa y por pasiva su pretensión de no empadronar a los inmigrantes que no tengan legalizada su situación en España, verdad. Y que ha tenido una contestación muy clara y tajante por parte tanto del Gobierno de España como del partido que lo sustenta (PSOE) en el sentido de que: “Eso va contra la Ley. Por tanto es ilegal y no lo puede hacer y si pese a ello, adoptara finalmente la decisión de hacerlo, actuaría la Abogacía del Estado”.

Hasta aquí lo normal en el tira y afloja. Pero lo grave es lo que ha respondido el líder del partido de la oposición al respecto. Nada más y nada menos que aunque la ley es clara al respecto, la ley no debe ser muy buena. Así en declaraciones realizadas en la clausura de XV Interparlamentaria del PP, en Palma de Mallorca, el pasado 16 de enero de 2010 dijo textualmente Mariano Rajoy con respecto a este asunto: “La Ley está para cumplirse, pero cuando las cosas se hacen mal, acaban notándose”. Y no contento con esto dijo además: “.La ley hay que modificarla y espero que, en este momento, vistos los efectos de la demagogia que llevan haciendo durante años, modifiquen la ley, se avengan a razones y cambien su política para no generar más problemas al conjunto de los ciudadanos”.

Pero el señor Rajoy parece que tiene la memoria frágil y ya no se acuerda de que la normativa que obliga a los Ayuntamientos a empadronar a todos los inmigrantes, estén en situación, legal o no, es una Resolución de 4 de julio de 1997 del Ministerio de Administraciones Públicas y que el ministro de Administraciones Públicas, en esa fecha no era otro que Mariano Rajoy. Sí queridos lectores, el mismísimo Rajoy fue quien promulgó esta ley. De risa.

Pero aún hay más. Quizá haya que recordarle también a don Mariano que en los siete, si han leído bien siete años posteriores en los que gobernó el Partido Popular ni a este dirigente ni a ningún otro se le ocurrió modificar esta ley “tan mal hecha”, según Rajoy.

La Resolución de 4 de julio de 1997, Apartado 5, del “Empadronamiento de Extranjeros” dice textualmente: “El Ayuntamiento ni interviene en la concesión de los permisos de residencia ni es competente para controlarlos. Su obligación es reflejar en un registro, el Padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal. Y de la misma manera que no debe controlar, a través del Padrón, la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco debe realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos”. “En el Padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeros, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el registro del Ministerio del Interior”.

Le dijo la sartén al cazo: apártate que me tiznas. En fin un episodio más de frescura parlamentaria, aunque como diría un castizo: "de tanto oponerse el señor Rajoy se ha opuesto en esta ocasión a sí mismo". Lo dicho, demencial.

De fregonas, maletas, SGAE y ministra de Cultura

Yo no lo tengo tan claro como parece que lo tiene el que fuera presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que en un artículo publicado en el diario El Pais deja la duda encima de la mesa sobre la necesidad y oportunidad del Gobierno de "ponerle puertas" a Internet siguiendo las "directrices" de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Pero volviendo al citado artículo, si obviamos su comienzo, el resto es bastante interesante, por eso lo dejo aquí para disfrute de nuestros lectores. Una cosa señoría, no pienso pagar derechos de autor, porque me acojo a la "enmienda" del propio autor del escrito que dice textualmente: "Lo que yo estoy escribiendo en este momento, ¿no es la consecuencia de lo que hablan y razonan millones de personas? ¿Cuáles son los derechos que me corresponden como autor de un escrito que es la consecuencia de la influencia de miles de escritos y reflexiones? ¿Entre cuántos tendría que repartir mis derechos de autor?" Lo dejamos así y como diría un humorista, que espero no me cobre derechos de autor: "Las gallinas que entran, por las que salen".

En el citado texto, tras argumentar algunos avances realizadospor la humanidad que no hubieran sido posibles sin algunos otros que ya eran de uso común: "Hubo alguien que inventó la fregona para, en el tiempo del machismo recalcitrante, poner a la mujer de pie en lugar de rodillas a la hora de fregar el suelo, y también existió alguien que inventó la maleta de dos ruedas (...). Ambos inventos vinieron precedidos de otras cuatro genialidades: algunos inventaron el palo, otros el trapo, otros la rueda y otros la maleta. La ocurrencia del de la fregona y del de la maleta de ruedas consistió en unir en un mismo artefacto el palo y el trapo por una parte, y las ruedas y la maleta por otra".

El autor se pregunta ante esto: "¿Le corresponde algún tipo de propiedad intelectual al inventor de la fregona y al inventor de la maleta de ruedas? Sus creaciones no surgieron de la nada, puesto que unieron dos cosas que ya existían y que, antes que ellos, alguien inventó. Y siguiendo el razonamiento, seguro que antes del de la rueda o del de la maleta, del trapo o del palo, ya hubo alguien que inventó algo que sirvió para que esos artilugios pudieran mezclarse".

Rodríguez Ibarra va más allá al considerar que "Eso que acabo de describir y que permite discutir, cuando no negar, la propiedad intelectual, no ocurre sólo con esos inventos, sino que es la forma que tiene la humanidad de acercarse al proceso de creación. Por eso, resulta chirriante escuchar a algunos creadores musicales y cinematográficos españoles cuando hablan, hasta la náusea, de sus creaciones y de su propiedad intelectual, dañada, según ellos y la SGAE, por la piratería informática. ¿Acaso cuando alguien compone una balada, de cuya autoría reclama la propiedad intelectual, no está creando algo sobre creaciones anteriores o contemporáneas a él? ¿No hubo antes que él alguien que escribió la primera balada de la historia? Es imposible imaginar que una creación de ese tipo se sostiene sobre la nada o sobre el vacío. Cuando alguien compone una melodía del tipo que sea, ¿no está influido por todo lo que ha escuchado, leído y visto a lo largo de su vida?". Por lo que el autor asegura: "¿Alguien puede decir que lo que ha creado no es el producto de sus influencias?"

El ex presidente de la Junta de Extremadura sigue argumentando que "Si la propiedad intelectual es discutible e incluso se puede negar desde una concepción de izquierdas, no niego que, por juntar palabras que no son nuestras o por unir imágenes que tampoco lo son, se tenga derecho a recibir algún tipo de remuneración en forma de lo que se conoce como derecho de autor, y para ello mi propuesta es la siguiente: 1. Tomar como punto de referencia el importe de ingresos por compensación por copia privada que se ha recaudado con la legislación vigente en los últimos tres años. 2. Que esa cantidad, con las sucesivas actualizaciones, sea garantizada por el Estado para la industria cultural nacional. 3. Que esa cantidad sea repartida entre los creadores de forma transparente, es decir, que se haga en función de los ingresos declarados por venta de sus obras en las respectivas declaraciones de la renta. 4. Que en la declaración de la renta de todos los ciudadanos figure una casilla para destinar una parte de los impuestos a compensar la copia privada"

Para Rodríguez Ibarra: "En una sociedad en la que un chico de quince años es capaz de introducirse en los archivos del Pentágono norteamericano con su ordenador, ¿cuánto tiempo calcula la Ministra de Cultura que iban a tardar en aparecer mil páginas en Internet por cada una que cerrara una comisión ministerial o un juez?".

Pues eso, que como dijo Ramón de Campoamor: "Y es que en este mundo traidor, no hay verdad ni mentira: todo es según el cristal con que se mira".

Ver artículo completo de Rodríguez Ibarra en El País

Impulso de la presidencia española a la Política Energética Común de la UE

Si ayer contábamos que la propuesta estrella de la presidencia española de la Unión Europea era avanzar hacia el Mercado Único, hoy nos ocupa un segundo pilar de una Europa unida, la Política Energética Común. Una Europa menos contaminante, capaz de asimilar más energías renovables y, sobre todo, dotada de interconexiones que garanticen el suministro a todos los países UE. Para ello, los ministros de Energía de los 27 países de la UE se reunieron hoy viernes 15 de enero en Sevilla, en un consejo informal presidido por el titular español de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián.

José Luis Rodríguez Zapatero considera que la Unión Europea debe mantener su liderazgo en la lucha contra el cambio climático y que puede hacerlo, sin mermar sus expectativas de desarrollo y prosperidad, con una estrategia energética común, que garantice a todos los ciudadanos europeos el acceso a una energía limpia segura y con precios adecuados para su bienestar y progreso, y eso se hace sobre la base de tres importantes pilares: sostenibilidad, competitividad y seguridad del suministro, sin estas tres premisas es imposible alcanzar el objetivo.

Pero, ¿cómo se logra?, pues con la implantación de nuevas tecnologías, sobre todo en el sector industrial, que reduzcan al máximo las emisiones de carbono, unidas a políticas efectivas de ahorro y eficiencia energética. Incluyendo el desarrollo de las energías renovables y, por supuesto, ampliando la red de interconexiones energéticas entre los países de la UE para mejorar la garantía del suministro.

Según ha podido saber gacetilla, cinco son las acciones concretas de la presidencia española para avanzar en los  objetivos marcados: Plan de Acción Europeo de la Energía 2010-2014; Plan Solar Mediterráneo; avanzar en las interconexiones energéticas; creación y firma de la Asociación Internacional para la Cooperación en Eficiencia Energética y, por último y no menos importante, puesta en marcha de la Agencia Europea de Cooperación de Reguladores, que habrá de resolver cuestiones como la divergencia regulatoria entre Estados miembros o las interconexiones.

La presidencia española ha elaborado ya un documento con los elementos básicos que podrían articular el Plan de Acción Europeo de la Energía 2010-2014 que va a constituir la base de la nueva Política Energética Europea, para los próximos cinco años. El documento, que ha sido debatido hoy viernes 15 de enero en el citado encuentro informal de Ministros de Energía de la UE, será previsiblemente sometido a la aprobación del Consejo Europeo, en la primavera de este año 2010.

Por lo que respecta al denominado Plan Solar Mediterráneo, es objetivo de la presidencia española impulsarlo. Hay que recordar que este Plan busca compartir tecnologías y recursos, en lugar de competir por ellos, como ha venido sucediendo a través de la Historia. La presidencia española organizará en Valencia, los días 11 y 12 de mayo de 2010, una conferencia sobre el Plan Solar Mediterráneo que contará con la participación de las Instituciones europeas, los países ribereños y la Industria. El citado Plan, pretende que exista un fomento, a gran escala, de la energía solar y otras renovables, facilitando el avance tecnológico y favoreciendo las inversiones. También pretende avanzar en el desarrollo de las interconexiones eléctricas en el sur y en el este del Mediterráneo y, por supuesto, en la reducción de los gases de efecto invernadero. La previsión es llevar las conclusiones de la conferencia de Valencia sobre el Plan Solar a la cumbre Euromed, de junio, en Barcelona.

Pero, por encima de todo, uno de los aspectos en los que más incide el documento sobre Plan de Acción Europeo, elaborado por la presidencia española, es la necesidad de desarrollar, cuanto antes, las interconexiones energéticas.

Es lógico este interés ya que son un elemento clave para la creación de un verdadero mercado interior de la electricidad y del gas en toda la UE, para la seguridad del suministro y, en el caso específico de la electricidad, para una mayor integración de la producción de energías renovables.

Y el lector se preguntará, ¿por qué?, pues porque las interconexiones energéticas con mayores capacidades resolverían los actuales cuellos de botella en los trasvases de energías de unos países a otros. Pero además del mallado europeo, se aboga en el documento promover las interconexiones con los mercados periféricos y los insulares, como garantía de suministro.

La presidencia española defiende que hay que potenciar el lanzamiento de proyectos prioritarios de interconexiones transeuropeas como son el Anillo Báltico, la Red Eólica Marítima y las Conexiones gasistas en el Oeste y en el Sudeste de la UE. Y destaca especialmente el Anillo Mediterráneo, como infraestructura prioritaria de conexión en una de las áreas de vecindad de la UE que ofrece mayores oportunidades para la cooperación y la diversificación de fuentes de energía.

Además, nuestro país está resultando una potencia en energías renovables y ya ha comunicado a principios de este año, a la Comisión Europea que, en 2020, prevé que la participación de las renovables en nuestro país será del 22,7% sobre la energía final y un 42,3% de la generación eléctrica.

España, pues, podrá transferir este superávit a otros países europeos que resulten deficitarios en el cumplimiento de sus objetivos y para ello resulta indispensable un mayor desarrollo de las interconexiones eléctricas de España con el sistema eléctrico europeo.

En cuanto a políticas medioambientales, España ha trasladado hoy a los ministros de Medio Ambiente de la UE, reunidos en Sevilla, su intención de

impulsar en la mayor brevedad posible la aplicación y desarrollo del Acuerdo de Copenhague, un acuerdo que, aún estando por debajo del grado de compromiso defendido por la UE en esa Cumbre, supone un paso clave en la política de lucha contra el cambio climático, porque incluye compromisos de reducción de emisiones de los países que concentran más del 80% de emisiones globales.

España ofrece y desea el diálogo y el acuerdo para convertir el acuerdo político de Copenhague en un acuerdo jurídicamente vinculante, de cara a la próxima Cumbre sobre el Clima, que se celebrará en México en el mes de noviembre. La negociación para alcanzar un acuerdo estable entre los países miembros sobre objetivos de reducción de emisiones, porque la Unión Europea debe comunicar esos objetivos a la ONU el 31 de enero de este año, como fecha límite.

Es importante constatar, y así lo hace la presidencia española de la UE que afrontamos un nuevo escenario internacional donde las economías emergentes están adoptando decisiones para fortalecer las respuestas contra el cambio climático bajo la supervisión de Naciones Unidas. Pero son necesarios más avances y medidas más eficientes. Por eso, la Unión Europea debe volver a aportar su liderazgo en el contexto internacional de la lucha contra el cambio climático, utilizando para ello todas sus capacidades, construyendo políticas congruentes y buscando consensos.

Muchos países, en el seno de la ONU, están reclamando la creación de una organización internacional que ayude a coordinar los esfuerzos de los países para preservar el medio ambiente y con ello su eficacia. Es lo que se conoce ya como “mayor gobernanza ambiental”. Durante el semestre de presidencia española de la UE, tendrán lugar algunos encuentros que constituyen una buena oportunidad para avanzar en la mejora de esa “gobernanza ambiental”, a nivel mundial.

Desde la presidencia española se quiere que Europa lidere este nuevo camino de esperanza que se abre al planeta tierra y que, debemos asegurarnos, no se vuelva a cerrar jamás.

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Es hora de una Unión Económica Europea real

No acaba España de estrenarse en la presidencia de Europa y ya ha lanzado su propuesta estrella: avanzar decididamente hacia la Unión Económica. Y no se trata sólo de intenciones más o menos huecas,  ni de seguir realizando medias consensuadas, sino de una Unión Económica real y todo para salir de la crisis de manera conjunta, para que Europa tenga garantías de progreso frente a las grandes economías y la pujanza de los países emergentes y para que se pueda mantener el Estado del bienestar europeo.

Por eso este semestre de presidencia española de la UE está marcado por dos factores fundamentales que determinan el trabajo a realizar en estos seis meses: la crisis económica y el Tratado de Lisboa.

La crisis ha evidenciado muchas cosas, pero la más importante es que la globalización de los problemas exige la cooperación de los países y respuestas conjuntas. Ningún país de la UE duda hoy del acierto de consensuar una respuesta coordinada a la crisis y de que esa coordinación salvó al sistema financiero europeo.

Ahora, la principal tarea es salir de la crisis y la presidencia española apuesta por hacerlo también juntos. No sólo con medidas económicas consensuadas, de forma coyuntural, sino con un avance cualitativo y real hacia la Unión Económica Europea.

Y esta propuesta es compartida por el presidente permanente del Consejo Europeo y por el Presidente de la Comisión Europea. El presidente del Gobierno español dijo el pasado 7 de enero que “la prosperidad europea dependerá de la unidad con la que actuemos y de la competitividad de nuestra economía”.

Además y unido a ello, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que coincide con el semestre de presidencia española, abre ya una nueva etapa en la UE, con profundos e importantes cambios en su funcionamiento, cambios que ya han sido conocidos por los europeos como el nuevo esquema de Gobierno en la Unión, que responde a las sucesivas ampliaciones de los últimos años. Se pasó de 12 miembros a 15 y ahora a 27.

Pero con el Tratado de Lisboa, la UE refunda también la política exterior y de seguridad común, a la que debe incorporarse el concepto de “interés europeo”, que está vinculado a los intereses económicos de la Unión. Por lo tanto resulta evidente que los intereses económicos de la UE deben integrarse progresivamente en la política exterior común de la Unión Europea.

Unido a lo anterior, la presidencia española cree que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa debe servir también, y sobre todo, para extender los derechos y libertades de todos los ciudadanos de Europa, con prioridad los que se refieren a la  igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, impulsará durante este semestre un Plan de Igualdad y el debate sobre la violencia de género, cuestiones éstas en las que España es hoy un referente de gran peso para el resto de los países europeos.

Pero regresando al asunto económico, es de cajón que si la UE quiere ser competitiva y mantener su fortaleza económica ante EE.UU. y los países emergentes, debe avanzar hacia la Unión Económica real.

Una Unión Europea competitiva económica, industrial y tecnológicamente será capaz de continuar con garantías de progreso, esto es, manteniendo su “modelo de calidad de vida” y el Estado de bienestar al que los ciudadanos de Europa no renunciamos. Los 500 millones de ciudadanos y las miles de empresas tienen una gran capacidad de acción, si tienen un rumbo compartido.

Y es que la Unión Europea siempre ha traído progreso a los ciudadanos y fortaleza a los países que la integran. Los españoles lo sabemos bien ya que cada vez que se ha producido un avance de importancia en la Unión, todos los países miembros y sus ciudadanos se han visto beneficiados. Ningún europeo duda hoy día de que sin la Unión Monetaria, es decir, la implantación del  euro como moneda única, el efecto de la crisis financiera y económica sobre cada uno de los 27 hubiera sido mucho mayor.

Pero, ¿cuáles son los planes de la presidencia española para avanzar en la Unión Económica Europea? Lo más importante es que la presidencia española se ha fijado como gran objetivo para este semestre que la UE dé un avance cualitativo hacia la Unión Económica y propone hacerlo a través de: 

Políticas comunes coordinadas capaces de compartir objetivos y responsabilidades en política macroeconómica. Para ello habrá que debatir y acordar cómo exigir el cumplimiento de esos objetivos.

Una segunda pata sería profundizar en el mercado interior en tres ámbitos muy concretos: Energía, Mercado Digital, e Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). En Mercado Digital, España aboga por extender la Administración Electrónica a todos los países de la UE.

Por último, habría un replanteamiento de la eficacia de la estrategia de Lisboa que se basaba en un buen análisis y fijó buenos objetivos, pero carecía de los mecanismos para hacerlos efectivos, porque no había compromisos exigentes para los países. La presidencia española cree que eso debe cambiar, si la UE quiere salir fortalecida de la crisis y con un horizonte de progreso y pone como ejemplo que el Pacto de Estabilidad, que es exigible, ha dado buen resultado.

Pero los más euroescépticos se preguntarán, y no sin razón: ¿por qué va a ser posible ahora una Unión Económica, cuando no lo ha sido antes? Según fuentes del Gobierno a las que ha tenido acceso gacetilla, porque esta crisis financiera y económica global ha marcado un antes y un después y ha situado a todos los países ante un escenario nuevo que requiere nuevas respuestas.

Existen tres razones concretas que hacen más factible hoy avanzar hacia la Unión Económica.

En primer lugar, por la convicción de todos los países de la UE de que actuaron acertadamente cuando acordaron dar una respuesta coordinada a la crisis, porque esa coordinación salvó al sistema financiero europeo.

En segundo lugar, por la evidencia, tras esta crisis, de que la UE sólo podrá tener fortaleza política y prosperidad económica si puede ser competitiva ante economías como las de EE.UU., China y las de otros países emergentes. Y eso es algo que sólo se puede conseguir desde la Unión y no desde la individualidad de los países.

Y en tercer lugar, porque de hecho, estas reflexiones estén ya en los debates de la UE. No sólo España apuesta por más Unión Económica, también lo hacen otros países como Francia y, aunque con diferente graduación entre los socios europeos, lo cierto es que parece haber un clima favorable para este debate.

Pero esta presidencia de turno deberá vencer reticencias de sus socios y asegurar a todos que el interés europeo no es contrario al interés de cada país. Plantear el debate en esos términos es un error que esta crisis ha dejado muy claro. Ante el nuevo escenario que ahora se abre, la defensa del interés europeo será la mejor manera de defender el interés de cada uno de los 27 países miembros de la UE.